El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha acusado a la Junta de Andalucía de "atascar" la salida al problema de los Baños del Carmen y le ha urgido a pronunciarse sobre la validez de la transmisión de las acciones, la concurrencia de alguna causa de extinción de la concesión y la solicitud de prórroga de la misma por parte de los titulares.

   "No es lógico que lleve casi dos meses sin responder y no facilite para nada la solución a un problema que, desgraciadamente para los malagueños, es eterno desde hace 20 años", ha afirmado el subdelegado del Gobierno.

   A su juicio, "desde el 18 de noviembre --día en el que la Demarcación de Costas envió a la Junta un nuevo escrito instándole a que aclarara este asunto-- ya ha tenido tiempo suficiente para resolver el tema". "Si no quiere responder, que lo diga, pero que diga algo", ha reclamado, recordando, no obstante, que "tiene que hacerlo porque es su competencia y si no lo hace, incumple su obligación".

   "Hay un plazo prudencial", ha advertido, añadiendo, en una entrevista concedida a Europa Press, que "una administración responsable está obligada a pronunciarse sobre lo que le compete". También ha incidido en que "hay un principio de seguridad jurídica, y es que están en juego unos intereses, por un lado, privados, de quienes han hecho una inversión y, por otro, públicos, para arreglar esa zona".

CONTRADICCIONES DENTRO DE LA JUNTA

   Preguntado por qué cree que el Ejecutivo andaluz mantiene "atascado" este asunto, no ha querido especular sobre dichas motivaciones, pero sí ha opinado que "dentro de la Junta hay contradicciones entre unos y otros", como lo demuestra que "el delegado de Medio Ambiente --Javier Carnero-- dijera que se anulaba la transferencia y el escrito posterior no dijera eso". "Resulta extrañísimo", ha resaltado.

   Hernández Mollar ha admitido que uno de los "retos" que se propuso al llegar a la Subdelegación del Gobierno en Málaga era "ver si al menos podía desatascar la situación de los Baños del Carmen y, para ello, he puesto toda la carne en el asador". En consecuencia, ha comentado que "me causaría una pequeña frustración abandonar mis tareas sin conseguir ese objetivo".

   Ha asegurado que "desde la Subdelegación se ha trabajado y se sigue trabajando en este sentido, deseando tener la respuesta de la Junta para poder actuar de forma inmediata". Al respecto, ha querido destacar la labor del jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González: "si hay alguien que está luchando por ello, es él".

   De todos modos, confía en que la salida de este largo y oscuro túnel pueda verse en poco tiempo, garantizando que, "en cuanto la Junta responda, vamos a instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Dirección General de Costas a iniciar el camino para buscar la solución definitiva".

   Y es que, según el subdelegado, "hay voluntad por parte del Gobierno de que este tema se agilice y se le busque una solución, ayudando a quienes quieran invertir". "Si un privado quiere destinar fondos a los Baños del Carmen, siempre dentro de la legalidad y con las cartas sobre la mesa, yo estoy abierto a discutirlo y a poner en marcha el inicio de las obras necesarias para la regeneración tanto de la parte que corresponde al Ministerio como de la zona de ocio", ha manifestado.

SIN REUNIONES

   Por el momento "no ha habido ninguna reunión ni movimiento" entre la Junta y Costas "porque lo que se está esperando es que se pronuncie quien tiene las competencias", respondiendo así a la propuesta del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, de que hubiera un encuentro a nivel técnico para aclarar esta polémica. Y es que, según el subdelegado, "no podemos reunirnos para discutir sobre unas funciones que, por ley, ya corresponden a una administración".

   Aunque ha reconocido que este asunto quizá resulta "cansino" para los ciudadanos, sobre todo cuando se traduce en que el desenlace del plan para regenerar los Baños del Carmen siga dilatándose, "cada uno tiene sus competencias por ley y es la Junta, no el Estado, la que tiene que solucionar el asunto de la transferencia de las acciones", ha insistido el representante del Gobierno central en la provincia.

   También ha sido autocrítico y, pese a apuntar que la crisis influyó en que no se pudiera llevar a cabo el proyecto previsto por el Gobierno para la rehabilitación de los Baños del Carmen, ha especificado que "las administraciones no han sido lo suficientemente ágiles para dar solución a 20 años de abandono de esta zona". En suma, "un conjunto de circunstancias que hacen que un sitio emblemático como éste se encuentre todavía a la espera de una solución que parece que no llega".

RESCATE DEL ASTILLERO NEREO

   Por otra parte, respecto al expediente de rescate del astillero Nereo, junto a los Baños del Carmen, Hernández Mollar ha señalado que se siguen los trámites iniciados de nuevo el pasado noviembre tras la autorización de la Dirección General de Costas.

   Este último organismo suspendió cualquier actuación en los Baños del Carmen hasta que la Junta se pronuncie sobre la compra de las acciones de la sociedad, que realizaron el pasado septiembre un grupo de cuatro inversores, entre los que se encuentran los exconcejales del PP Damián Caneda y José Luis Ramos. Ello supone la congelación tanto del rescate de la concesión como de la negociación con los privados.

   Tras concluir la Junta que la compraventa de las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, que pasaron de Vera y Acha a este grupo de cuatro empresas, incumplía el artículo 70.2 de la Ley de Costas, al no haber comunicado previamente la operación a la Administración andaluza, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente le instó a pronunciarse sobre si dicho defecto era subsanable.

   En respuesta a todo esto, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta, Javier Carnero, ya dijo a principios del pasado mes de diciembre que la Administración autonómica, que aboga por el rescate, no maneja plazos para pronunciarse sobre esta operación, subrayando que no se va a dejar llevar "por las prisas" y que la decisión se tomará según los informes técnicos y jurídicos.