El Ayuntamiento de Málaga no está dispuesto a aceptar ninguna de las recomendaciones que le hace la Junta de Andalucía, a través de una consultora independiente, para evitar posibles inundaciones futuras en el área del Guadalhorce,
Las correcciones que propone el estudio, datado en 2012, superarían los 40 millones de euros, según la administración local, que incide en el hecho de que el documento no especifica quién debería hacerse cargo con estos gastos.
El Consistorio no está dispuesto ni a reducir caudales del río ni a cambiar el tipo de uso urbanístico del entorno ni a hacer obras “faraónicas”, tal y como las ha calificado el concejal de Urbanismo.
Francisco Pomares ha calificado el informe autonómico como “demoledor” para los intereses económicos de la capital.
El Gobierno municipal del Partido Popular asegura que el 70% del suelo industrial malagueño se ve afectado por la resolución que dicta este informe. Un estudio que ha criticado por llegar tres años después de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y contradecirlo.
El informe hidrográfico advierte de la posibilidad de inundaciones en esta zona a 500 años vista, de acuerdo con el tiempo de retorno calculado.
Para evitarlas, a corto plazo, propone la construcción de muros de contención y encauzamientos. A largo plazo, reseña la posibilidad de cambiar la calificación urbanística de los suelos y pasar zonas urbanizables a no urbanizables. Medidas todas que podrían derivar, según el Consistorio, en el inicio de reclamaciones patrimoniales por parte de los propietarios de las naves industriales a las que les afectan estas conclusiones.
