La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha multiplicado por ocho el número de boletos de lotería ilegal intervenidos en la provincia de Málaga durante el pasado año con respecto a 2013.
Así, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, los agentes intervinieron 97.190 boletos, frente a los 11.873 de 2013. Estas incautaciones se han realizado en las 1.049 inspecciones realizadas por los agentes adscritos, que levantaron 450 actas de denuncia.
Según el balance de las actuaciones de esta unidad policial dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, en Málaga se realizaron, dentro de la lucha contra el juego ilegal, un total de 2.758 inspecciones en máquinas recreativas, sobre las que ha levantado 107 denuncias, precintando 65 de ellas y decomisando 14.
Los agentes de la Unidad de Policía Autonómica se han incautado de 164.805 cartones de bingo ilegal y más de 11.000 euros en metálico. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha recalcado que el juego ilegal "daña a la sociedad", siendo además una actividad que "debemos intentar evitar porque no repercute en la Hacienda Pública".
Precisamente, el pasado mes de diciembre la Policía autonómica se incautó de 10.143 boletos utilizados en la lotería ilegal conocida popularmente como 'La Rápida'. Fue precisamente la mayor intervención de este tipo de loterías realizada en la Comunidad Autónoma, localizando, también por primera vez, a un organizador de esta actividad.
El responsable de la organización tenía trabajando para él a nueve personas encargadas de llevar a cabo labores de vendedores distribuidos por diferentes zonas de la capital malagueña, a cambio de una comisión del 20 por ciento de lo recaudado por las ventas.
EL JUEGO ILEGAL
El juego ilegal, ha recalcado el delegado, "puede concluir muchas veces en impagos y engaños con una absoluta indefensión posterior", por lo que ha incidido en "proteger y amparar a los establecimientos, empresas y entidades que cumplen con la legalidad". "Hablamos de salones de juego legales, de organizaciones como la ONCE, de casinos, de promotores de espectáculos, etcétera", ha apostillado.
El juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa. Los locales y personas que organizan actividades ilegales de juego perjudican a los establecimientos y entidades que sí cumplen la legislación y suponen un menoscabo al erario público, ya que no abonan las tasas e impuestos correspondientes.
Este tipo de actividades irregulares constituye una vulneración de las condiciones técnicas y de seguridad que deben tener este tipo de locales y también de las garantías de las personas que participan en estos juegos fraudulentos.
Además de estas intervenciones, tanto la Policía adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito. Como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento.
