La Fiscalía de Málaga ha solicitado que cada una de las 11 personas imputadas por insultar en las redes sociales a la jueza que archivó el caso por la supuesta violación a una chica durante la pasada Feria de la capital pague una multa de 6.000 euros.
Se trata de siete hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 56 años, que, a juicio del fiscal encargado del caso, habrían cometido un delito de injurias graves con publicidad, que en el caso de los funcionarios públicos es perseguible de oficio.
En el escrito de acusación, el representante del Ministerio Público solicita, además, según ha adelantado 'SUR', que los 11 procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la magistrada con 20.000 euros por "el daño moral causado".
El 17 de agosto de 2014 una chica de 20 años denunció haber sido víctima de una agresión sexual en el recinto ferial de Cortijo de Torres, en la que, supuestamente, se habían visto implicados, con distinto grado de participación, cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad.
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Finalmente, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 decretó el 20 de agosto el archivo de la denuncia, una vez que las declaraciones de los implicados y de varios testigos y el análisis de las pruebas no demostraron que se hubiera cometido el delito denunciado. Tras esto, la propia joven reconoció ante la magistrada que se lo había inventado todo, siendo condenada a 10 meses de prisión y una multa.
Ante su decisión, la jueza recibió una serie de insultos en las redes sociales. El Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación penal para determinar el origen de esos mensajes difundidos en Facebook y Twitter, identificando la Policía Nacional a 11 personas como presuntas autoras.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lamentó "profundamente" los "insultos" e "injurias" recibidos por la magistrada, mostrando su preocupación por "la falta de respeto a las decisiones judiciales".
La Fiscalía de Málaga, por su parte, dio un paso más y decidió investigar de oficio estos mensajes, solicitando al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional que identificara a los autores de los mismos.
