La Asociación Marroquí-España ha denunciado la “presencia desmesurada” de Policía Nacional en las inmediaciones de su sede en Málaga, después de que una educadora social y un joven de la organización fueran víctimas de la presión policial, que “en los últimos meses” están sufriendo trabajadores y miembros de la ONG. Estos hechos, han sido puestos en conocimiento de María Gámez, subdelegada del gobierno, a través de un escrito.
Los hechos se produjeron el pasado 6 de junio, cuando la trabajadora estaba realizando una intervención de calle con un joven en las inmediaciones de la organización. “Ella lleva el chaleco de la asociación, que es un chaleco que llevamos cuando estamos de servicio”, han explicado desde la ONG a este periódico.
La trabajadora estaba teniendo una conversación con el chico en calle Carretería, “cuando de repente apareció un coche de la Policía Nacional, eran dos agentes, uno de ellos, en concreto el que conducía, les hablaba desde el interior del coche de una manera violenta y diciéndoles que qué estaban haciendo”, han recordado, recalcando que, cuando el agente bajó del coche, “dio a entender que se estaba dando una situación en la que una persona estaba comprando drogas y la otra vendiéndole”.
Ante ello, han asegurado, la educadora “se quitó el chaleco y se lo dio al agente para que lo registrase y, en ese momento, no cogieron el chaleco y se fueron directamente a por el chico”, añadiendo que “al chico lo registraron, enseñó la documentación que tenía en regla, y a continuación le pidieron a mi compañera el DNI”.
La trabajadora, según han relatado, no llevaba el bolso ya que había salido solo un momento a hablar con el joven, por lo que “les propuso a los agentes acompañarla a la asociación, que estaba al lado, para coger su DNI”. “Al principio accedieron, pero de camino, el agente que iba con ella le dijo que no, le dijeron que le iban a poner una multa, no dio ninguna explicación”, han recordado desde la organización.
No se trata de un hecho aislado, ya que desde la ONG han criticado que, “en los últimos meses, se han dado casos de personas que han sido identificadas en las proximidades de la sede”. Una medida que puede despertar “miedo” en las personas que acuden a la asociación, desembocando en que “dejen de venir para participar en las actividades que realizamos”.
Lo sucedido ha sido puesto en conocimiento de la subdelegación del Gobierno en Málaga, alertando de que estas actuaciones policiales basadas en “el perfil étnico” de los miembros de la asociación, están “perjudicando el trabajo de inclusión e integración que estamos realización”, han sentenciado.
