La reciente aprobación del decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones irregulares por parte de la Junta de Andalucía ha despertado el malestar de Ecologistas en Acción. La organización ha se ha mostrado “en contra” de le medida, a la vez que exige una legislación “mucho más restrictiva”.
“Va a favorecer que se construya donde no se puede”“Todo esto parte un poco de la desidia de cuando estaba el Partido Socialista en la Junta, había prometido a los grupos ecologistas que iba a hacer una legislación mucho más restrictiva para el litoral”, ha recordado Alberto Medina, socio de Ecologistas en Acción Málaga. Un compromiso que nunca llegó a cumplirse debido al adelanto electoral en la comunidad andaluza.
Medina advierte que la inexistencia de dicha ley “está abriendo el campo a las construcciones ilegales”, ha dicho, explicando que “con todo esto (aprobación del nuevo decreto) lo que va a pasar es que se van a macrodimensionar todos los núcleos urbanos, porque no va a haber ningún tipo de legislación por la cual se puedan ordenar las ciudades”.
Asimismo, ha alertado del “peligro” que suponen las construcciones ilegales, haciendo referencia “al cambio climático, va a subir el nivel del mar unos cuantos centímetros”. “Lo que pasa es que la gente no relaciona una cosa con la otra, pero eso puede tener un grave problema en los próximos años: el cambio climático, la sequía, las inundaciones y que esperemos que no ocurra nada grave”, ha indicado.
En la provincia de Málaga hay unas 50.000 edificaciones no autorizadas en 2019, según datos de la Junta de Andalucía, de las que casi 19.000 se localizan en el término municipal de la capital, más de 15.000 en la Axarquía y unas 7.600 en la Costa del Sol. Además en las zonas de Antequera y Ronda también se contabilizan unas 13.000 edificaciones.
Unas cifras que el coordinador teme que aumenten: “Estamos en totalmente en contra de la regularización de las viviendas ilegales, porque al final va a haber muchas más”. “Va a favorecer que se construya donde no se puede”, ha lamentado.
Además, ha asegurado que esta medida va a provocar que “los ayuntamientos estén obligados a llevar el saneamiento, electricidad y eso va a ser un coste un coste enorme para los consistorios de la provincia”.
En referencia a las palabras del ejecutivo andaluz sobre “priorizar la labor inspectora y sancionadora”, Medina ha expuesto que “el problema es como con el tema de la listeriosis, tampoco hay tantos inspectores para todo lo que se hace en la provincia de Málaga y muchas veces se hace la vista gorda”. Del mismo modo, ha agregado que “muchas veces se construye y se amparan al tema de los juicios y los tribunales, que son procesos tan largos, y al final se quede la construcción y hace el hace daño a todo el ecosistema”.
También ha sumado las “piscinas ilegales”, alegando que “con la poco agua que hay en la provincia y con muchas más piscinas, la sequía va a ser mucho más recurrente en Málaga”.
Para Ecologistas en Acción la solución pasa por que “todo sea mucho más restrictivo, que no se permita la legalización de las viviendas irregulares”, manifestando que “habría que cumplir la ley con todas esas viviendas y si habría que derribar pues se tendrían que derribar, nosotros pedimos el cumplimiento total de la ley con todas esas viviendas”.
“Porque también muchas personas cuando compran, ya saben lo que están adquiriendo”, ha afirmado, poniendo de ejemplo que “compran una parcela y a lo mejor tienen únicamente el permiso para construir un pequeño espacio para guardar los aperos y al final terminan construyendo una casa”, ha concluido.
La Junta de Andalucía
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado que el decreto sobre Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía “resolverá de una vez por todas la grave situación de las edificaciones irregulares; una problemática que viene de lejos y que anteriores gobiernos han tratado de resolver sin éxito, a la vez que es una forma de luchar contra la despoblación”.
Navarro ha explicado que en la provincia son unas 50.000 edificaciones las censadas que están sin regularizar y que se podrían acoger a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), “que no es una amnistía sino que da certidumbre, seguridad jurídica y soluciones a decenas de familias” y que permitirá organizar el territorio andaluz.
Además se trata de una medida que contribuye a “fijar población, luchando así contra el abandono de los pueblos del interior como proyecto de futuro, porque tenemos que ayudar a que esa tradición tan nuestra de vivir en el campo se mantenga, es preciso no poner obstáculos siempre dentro de la legalidad y la ordenación”, ha dicho.
La delegada ha asegurado que es voluntad del nuevo Gobierno “priorizar la labor inspectora y sancionadora” en este sentido, para “evitar que pase lo que ha estado pasando en gobiernos anteriores, precisamente por falta de actuación”.
No podrán acceder a la figura de AFO las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco tendrán esa opción las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección, ya que su delito no prescribe.
