El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado a la Diputación Provincial de Málaga a facilitar las dotaciones económicas anuales otorgadas a los grupos políticos, con la justificación y las facturas incluidas del destino del dinero público percibido, así como el documento que acredite la entrega de esta asignación a cada formación.
La información de naturaleza económica tiene una "innegable" relevancia pública y es "incuestionable" que todo lo relativo a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos "es eje central de la legislación en materia de transparencia", según ha informado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Así, en un comunicado, desde este organismo de control andaluz consideran "del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos relativos a las decisiones de gasto tomadas por las administraciones".
Además, añaden que las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos "se consideran obligaciones de publicidad activa, puesto que se identifican como subvenciones, por lo que han de publicarse en la sede electrónica, portal o página web de cada entidad local". No obstante, cualquier ciudadano puede solicitar esa información o bien una ampliación de la misma ejerciendo su derecho de acceso, como ha sucedido en este caso.
En concreto, una persona reclamó las cantidades percibidas por cada grupo desde 2015 a 2019, de modo que la Diputación --que no alegó ningún límite ni inadmisión para no entregar la información-- debe facilitarle los datos sobre tales cantidades que tenga almacenados en sus archivos informatizados, previa anonimización de los datos de carácter personal de terceras personas físicas que pudiera contener la documentación.
Con relación al desglose anual del gasto y su justificación, con facturas incluidas, el Consejo rechaza el argumento de la Diputación que remite al Tribunal de Cuentas la obligación de proporcionar la información: "Las entidades supramunicipales, que integran la Administración local, están incluidas en la Ley de Transparencia y tienen la obligación de facilitar la información que obre en su poder".
De la misma forma, el Consejo subraya que los grupos políticos no son entidades independientes de las diputaciones, "no cuentan con personalidad jurídica propia, sino que son integrantes de la propia organización de la entidad local y, por tanto, corresponde a la Diputación atender la petición de información".
El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.
