Casi 16.000 menores al año son condenados en España

Casi 16.000 menores de entre 14 y 17 años son condenados cada año en España, la mitad de ellos en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, y la mayor parte por su implicación en delitos contra el patrimonio.

Según los resultados provisionales del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2008, en todo el país fueron condenados 15.919 menores (el 84,65% de ellos eran varones y el 15,35% mujeres), que habían cometido 26.134 infracciones.

De estas infracciones, 17.526 fueron calificadas como delitos y las otras 8.608 como faltas.

Por sexos, 4.895 menores tenían 17 años en el momento de ser condenados, en tanto que 4.578 tenían 16 años, 3.759 contaban con 15 años y 2.687 no superaban los 14 años.

MÁS CHICOS QUE CHICAS

En todas las comunidades autónomas los chicos condenados son cinco veces más que las chicas, pero en La Rioja esa proporción se desestabiliza y las jóvenes sentenciadas representan casi el 40% del total.
También por encima de la media en cuanto a mujeres con condena están Aragón (con el 23,24%), Madrid (22,86%) y Castilla-La Mancha (22,41%), entre otras.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son la causa fundamental de las condenas de los menores, con 10.292 casos, muy por delante de las lesiones, con 3.042.

Sin embargo, los menores también cometieron otros delitos más graves, de tal modo que, por ejemplo, se vieron involucrados en 46 homicidios y 299 casos de violaciones o abusos sexuales.

En la Comunidad Valenciana, dos menores fueron condenados por un delito contra la Constitución, mientras que cinco chicos gallegos y otros tres andaluces tuvieron que responder por delitos relativos a la ordenación del territorio.

Además, un joven fue condenado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por un delito de aborto, y otros dos chicos se vieron envueltos en Galicia en un delito de lesiones contra el feto.

TIPOS DE CONDENA

Tras las condenas se adoptaron 21.610 medidas; en 7.860 casos se optó por la libertad vigilada, mientras que en otros 4.749 expedientes se establecieron prestaciones en beneficio de la comunidad.

Internamiento en un centro de menores (abierto, cerrado o semiabierto), amonestaciones, asistencia a un centro de día, prohibición de aproximarse a la víctima, realización de tareas socio-educativas o tratamiento ambulatorio fueron algunas de las otras medidas fijadas.