El Tribunal Supremo (TS) ordenó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando la parte del caso Gürtel que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración y del PP valenciano por recibir regalos de la trama.

Así lo acordó la Sala de lo Penal del Supremo, que ha estimado, por unanimidad, el recurso del Ministerio Fiscal y del PSPV-PSOE contra el auto del TSJ valenciano que archivó esta causa, resolución que anula parcialmente, según informó el alto tribunal, que únicamente dio a conocer el fallo de la sentencia, que se notificará en los próximos días.

El TS reabre la causa y devuelve las actuaciones al magistrado instructor, José Flors, que tendrá que continuar la tramitación de ésta contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, quienes aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.

Los magistrados, que han deliberado a puerta cerrada sobre este asunto durante unas tres horas, son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra –quien será el ponente de la resolución– y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero.

El pasado mes de agosto la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV archivó el procedimiento contra Camps y los otros tres al estimar que no había relación entre los “agasajos” que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.

Este tribunal –que estimó los recursos de los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del caso, José Flors, que decidía continuar con el proceso– argumentó que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de “certeza”, ya que “no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos”, como las sostenidas por los imputados.

Además, concluyó que tampoco había constancia “de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación”.

El auto del Tribunal Superior contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionó la interpretación que sus dos compañeros (el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y José Francisco Ceres Montés) habían dado al artículo 426 del Código Penal (sobre el delito de cohecho impropio) y dijo no estar “convencido” de que los hechos no fueran constitutivos de delito.

Según Montero, no parece “que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto a los señores Camps, Campos y Betoret”, asegura.


El PP nacional da su apoyo al partido en Valencia


El PP nacional respalda al partido en la Comunidad Valenciana tras conocer la decisión del Tribunal Supremo y destaca que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “sigue sin estar imputado”.

El responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, aseguró a los periodistas que, pese a no conocer la decisión del Supremo, el presidente valenciano sigue sin estar imputado, toda vez que la causa regresa al TSJCV al estado anterior al archivo de la misma. Entonces, dijo el dirigente del PP, Camps no estaba imputado, y así sigue ahora.

Pons remarcó que se inicia de nuevo un procedimiento y que su partido confía en la Justicia. Sin embargo, en lo que más énfasis ha puesto el vicesecretario de Comunicación del PP es en el respaldo que la organización “en toda España” transmite al partido en la Comunidad Valenciana.

La de Pons ha sido la única respuesta del PP nacional tras conocerse la decisión del Supremo, que ha ordenado al TSJCV que retome la investigación de la causa por las relaciones del presidente valenciano con la ‘trama Gürtel’, en concreto con el cabecilla de la red en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez ‘el Bigotes’.

Se trata de que el TSJCV indague de nuevo si el regalo de unos trajes a Camps constituye delito de cohecho impropio.