El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, explicó a Efe que ese proyecto entra dentro de la legalidad, ya que se trata de adaptar a la normativa regional lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007 y de ámbito estatal.
Granados se quejó de que durante dos años el Ejecutivo regional ha negociado con los sindicatos esa adaptación, sin éxito, y ahora va a optar por regularlo a través de una ley, para evitar que “con el dinero de los madrileños se mantenga una oligarquía o aristocracia sindical”.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, detallará más aspectos de ese proyecto, así como los plazos de la ley, durante su intervención mañana en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región.
En la primera jornadaAguirre se limitó a aludir a esa cuestión, que ya ha generado una amplia polémica en ámbitos políticos y sindicales.
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley, lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica”, afirmó Aguirre.
El consejero dijo que en la Comunidad hay unos 1.500 delegados de personal, de los que ha añadido que son liberados sindicales elegidos por los trabajadores y cuyo número no se reducirá.
La reforma sí afectará a otros 2.000 liberados, que Granados considera elegidos por las direcciones de los sindicatos.
