Así lo anunció hoy la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, en la que avanzó que en la oferta formativa pública de 2011 habrá una cuota reservada para los desempleados que agoten su protección por desempleo.
Añadió que a partir de febrero de 2011 habrá 3.000 orientadores profesionales que ayudarán a los parados a buscar un puesto de trabajo, ya que a los 1.500 formadores que había en 2008 se sumarán otros tantos.
Rodríguez, que presentó el informe sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo, y sobre el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), agregó que el próximo 1 de enero empezarán a actuar las agencias privadas de colocación en colaboración con los servicios públicos de empleo (SPEE).
Dijo que se trata de un sistema de colaboración público-privado en la búsqueda de empleo, y que estas agencias deberán atender a todos los desempleados, ofrecer servicios gratuitos a los trabajadores y estar autorizadas por los SPEE.
La secretaria de Estado de Empleo ahondó en la reforma de las políticas activas de empleo que ha diseñado el Gobierno y a la que dedicará una inversión cercana a los 7.400 millones de euros (2.236 millones para programas de empleo, 2.678 para formación y 2.450 millones para bonificaciones a la contratación).
"No queremos tener una generación subsidiada y perdida para el empleo y el mercado de trabajo. Ni podemos desaprovechar toda la capacidad productiva, el talento y la experiencia profesional de miles de trabajadores que están hoy en desempleo", dijo.
Rodríguez señaló que los 1.500 nuevos promotores de empleo tendrán como objetivo "primero y central" ayudar en la búsqueda de empleo a quienes agoten su protección, y que en todas las acciones formativas de 2011 estas personas tendrán una cuota reservada para participar en ellas.
Indicó que la oferta formativa debe estar mejor planificada y tener más calidad, así como contar con "certificados de profesionalidad".
Por este motivo, insistió en que las nuevas políticas activas destinarán el 60% de las inversiones a formación de parados y el 40% a la de empleados.
Indicó que el Gobierno "compaginará mejor" la competencia normativa sobre las políticas activas de empleo del Estado y de las comunidades autónomas, por lo que abogó por una metodología uniforme en todo el territorio y la elaboración de una carta de servicios básicos a la ciudadanía que se complete con una "estrategia nacional de empleo" que fije objetivos para las autonomías.
"Nada impide que las comunidades autónomas puedan tener un mayor margen de maniobra y libertad a la hora de configurar sus propios programas, pero deberán respetar la metodología de atención a las personas en situación de desempleo", aseveró
