En un escrito presentado este jueves, el primero que el Ministerio Público interpone contra un cargo electo de Bildu, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pide al juez que le corresponda por turno que cite como imputado al alcalde de la localidad por "la elaboración y distribución del programa de fiestas", en el que se anunciaba la celebración de un brindis a favor de los presos etarras.
También reclama la imputación por un delito de enaltecimiento del terrorismo de María Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola, que aparecieron en el balcón del Ayuntamiento con camisetas de apoyo a la etarra Jone Lozano. Según el informe de la Policía Foral, la primera portaba carteles que reclamaban el acercamiento de los presos y la segunda pronunció un discurso realizando esta reivindicación.
ENCAPUCHADOS NO IDENTIFICADOS
Los agentes, sin embargo, no han podido identificar a los cinco encapuchados que salieron al balcón del Ayuntamiento unos minutos antes del chupinazo para exhibir dos pancartas en las que aparecían las fotografías de seis presos etarras y se reclamaba su traslado a cárceles próximas al País Vasco.
Otras dos personas que ocultaban su rostro colgaron también una pancarta con un mapa de Euskal Herria. Además, se celebró una manifestación con el lema 'Euskal preso eta iheslariak etxera' (Presos vascos y huídos a casa). Ante todos estos hechos, la Fiscalía solicita que se tome declaración a "cuantas personas se identifique como partícipes en tales hechos".
"DISCURSO DEL ODIO"
En su escrito, Zaragoza recuerda que "el apoyo y ensalzamiento en público de individuos cuyo único hecho por el que son conocidos es su relación con una banda terrorista y la comisión de acciones criminales de naturaleza terrorista", lo que, a su entender, "implica, de facto, tanto la justificación de sus acciones terroristas como el aplauso de quienes las cometen".
También cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la exhibición pública de fotografías de terroristas y enmarca este tipo de acciones en lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) definió como "el discurso del odio".
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, al inicio de las fiestas patronales de San Tiburcio. El Gobierno Navarro solicitó a la Policía Foral que realizara una investigación sobre lo ocurrido y pidió un informe en el que pedía que se detallara si este Ayuntamiento cumplía la Ley de Símbolos.
Según el Gobierno de Navarra, los responsables de lo ocurrido "transformaron un acto festivo en un homenaje al terrorismo que podría bordear la legalidad". El Ejecutivo foral también lamentó que el Ayuntamiento de Leitza, gobernado por Bildu, "por acción u omisión, permitiera ese acto de humillación a las víctimas del terrorismo y, muy especialmente, a los leitzarras víctimas de ETA".
