La Fiscalía Suprema Popular (SPP) de China, el máximo órgano fiscal del país, ha lanzado una campaña de seis meses contra los acusados de corrupción, especialmente contra aquellos sospechosos de haber abandonado el país, según ha informado la agencia oficial de noticias china Xinhua.
La SPP ha anunciado que utilizará con mayor frecuencia las normativas de confiscación del país para evitar que los funcionarios corruptos se beneficien y ha instado a los fiscales a colaborar con otros departamentos, como la Policía o los tribunales, para aumentar la eficiencia del sistema.
El organismo ha instado a respetar a las autoridades y a "reprimir y disuadir firmemente los crímenes". El Ministerio de Salud Pública inició el pasado mes de julio una ofensiva contra los fugitivos relacionados con delitos económicos, una de las prioridades del presidente chino, Xi Jinping.
Sin embargo, la extradición de este tipo de fugitivos es una cuestión compleja para las autoridades chinas, que no cuentan con este tipo de acuerdos con Estados Unidos y otros países que temen que estos acusados se enfrenten a la pena de muerte en su país.
El pasado mes de agosto, un alto cargo del Ministerio de Seguridad Pública fue citado en los medios estatales asegurando que unos 150 fugitivos acusados de delitos económicos, relacionados con la corrupción, se encontraban en Estados Unidos.
La agencia oficial ha explicado que esta campaña se centrará en objetivos "clave" y en casos que permitan el uso de los acuerdos multilaterales y bilaterales que puedan llevar a la cooperación internacional.
