Así se desprende del auto, de 55 folios, dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional con el que ha ordenado el ingreso en prisión del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, de la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; de Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; y Arkaitz Rodríguez, juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que fue absuelto.
Según Garzón, de la documentación intervenida a los arrestados y a los etarras Ekaitz Sirvent, Itziar Plaza, Asier Borrero, Iurgi Garitagoitia se desprende que durante el proceso de debate interno de ETA, desarrollado entre el verano de 2007 y la primavera de 2008, se concluyó que había que crear una “nueva referencia institucional y política” cuya estrategia fuera la “combinación criminal de votos y bombas”.
“No se trata de iniciar una apuesta por las vías políticas institucionales y democráticas, abandonando la violencia terrorista, sino, sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar apuesta política, en la que los obstáculos no son superados mediante los votos, sino mediante las bombas”, asevera el juez.
Entre los agentes y partidos a los que Bateragune, el juez enumera EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA, y destaca que en esta ocasión, ETA excluyó al PNV.
De hecho, entre los objetivos de esta convergencia soberanista, figurarían “disputar y quitar al PNV tanto la hegemonía en el ámbito abertzale como el estatus de primer interlocutor con el Estado” o “tener bien estructuradas y fortalecidas las fuerzas soberanistas-independentistas de cara al proceso de negociación que tendrá que ponerse en marcha antes o después con el Estado”.
En este sentido, el juez subraya que en las pasadas Elecciones Europeas ETA “estaba preocupada” porque la opción por la que apostaba la organización terrorista era EA para quitar votos al PNV y no Iniciativa Internacionalista.
