Partido islamista de Túnez acepta elecciones para evitar régimen autocrático

El partido islamista Ennahda, principal fuerza del Parlamento tunecino y socio del jefe de Gobierno destituido por el presidente, Kais Said, aseguró este martes estar preparado para celebrar elecciones anticipadas con el fin de proteger la democracia y evitar un régimen autocrático.

"Ennahda observa con gran preocupación la actual inseguridad y confusión que el golpe ilegal e inconstitucional ha creado en el país. Ahora está claro que el presidente Kais Said ha trabajado con fuerzas antidemocráticas para anular los derechos constitucionales de los diputados y reemplazarlos por miembros de su propia camarilla", afirmó la formación conservadora en un comunicado.

Tras la destitución del primer ministro Hichem Mechichi, el partido instó a los ciudadanos que defienden sus derechos y libertades a que cesen las protestas en las calles y no permitan que la "contrarrevolución" gane legitimidad con la violencia y el derramamiento de sangre que buscan los "matones organizados".

EL PRIMER MINISTRO ACEPTA SU DESTITUCIÓN

Horas antes del anuncio de Ennahda, el primer Mechichi anunciaba que acepta su destitución, decretada la noche del domingo por del presidente, así como el traspaso "pacífico" de poderes para no convertirse en un elemento "perturbador" que complique todavía más la crisis del país.

"Me comprometo a garantizar el traspaso pacífico de poderes a la persona que será designada por el presidente, respetando las tradiciones del Estado y deseándole éxito al nuevo equipo de Gobierno", afirmó el exgobernante en una carta compartida en las redes sociales.

Mechichi defendió haber tomado decisiones "impopulares pero necesarias" debido a las limitadas capacidades del Estado y la situación de sus finanzas públicas durante uno de los momentos más difíciles de la historia del país, que arrastra una crisis económica y social "asfixiantes" tras sucesivos gobiernos que no supieron responder a las aspiraciones ciudadanas.

Esta es su primera declaración pública después de que el presidente anunciase su cese, la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado", decisión que la mayoría de las fuerzas políticas, calificaron de "golpe de Estado".

Said argumentó que hacía uso del artículo 80 de la Constitución que le otorga el poder de tomar medidas "excepcionales" ante un "peligro inminente" tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.

Según la Constitución, el objetivo de este texto es garantizar un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible", sin embargo, el Tribunal Constitucional -pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y decidir sobre su extensión.

LA SITUACIÓN CREA INCERTIDUMBRE

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings advirtió que la iniciativa del presidente Said podría dificultar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y disuadir a sus socios occidentales de continuar apoyando al país.

"Las últimas decisiones del Presidente de la República plantean nuevas incertidumbres políticas, sin embargo, creemos que es poco probable que use sus poderes para impulsar medidas difíciles, como recortes en la gran masa salarial del sector público- que en 2020 representó el 17 % del PIB- porque sería impopular y podría generar presión social en su contra ", explicó Fitch en un comunicado.

La frágil coalición en el parlamento, las tensiones entre los líderes políticos clave y una oposición social y sindical arraigada contra las medidas de consolidación fiscal han complicado los esfuerzos por mantener una solidez fiscal y el apoyo del FMI, precisó.

LA PANDEMIA AGRAVA LA CRISIS

A la crisis política se suma la sanitaria, ya que Túnez está batiendo récords de contagios en los últimos días.

Eso ha llevado al presidente a decretar este martes el cierre, durante los dos próximos días, de las administraciones centrales, servicios externos, autoridades locales y establecimiento públicos de carácter administrativo para permitir a sus responsables la organización de los empleados en turnos de teletrabajo o presenciales para limitar la expansión del viruss.

Esta medida, que podrá ser prolongada, no concierne al Ejército, las fuerzas de seguridad, agentes de la Aduana y empleados de la sanidad pública, explicó la Presidencia de la República en un comunicado.