El número de denuncias por ocupación ilegal de viviendas se ha disparado un 7% en Cádiz durante el primer semestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año pasado. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, la provincia ha registrado 200 procedimientos, frente a los 187 del último ejercicio.
Con estos números, Cádiz se sitúa como la segunda provincia con mayor número de denuncias en el ámbito autonómico andaluz, y séptima en el ranking nacional, por detrás de Toledo (201), Valencia (333), Tarragona (359), Sevilla (422), Girona (515) y Madrid (657).
Andalucía, sin embargo, ha anotado un descenso del 4,3%, aunque ostenta, no obstante, el segundo puesto entre todas las comunidades autónomas, con Cataluña (3.611) por delante. En España, el primer semestre se ha saldado con 7.450 denuncias, justo un 5% más que con respecto al año pasado.
El incremento constante, especialmente en los tres últimos ejercicios, ha encendido las alarmas. Álvaro Moreno Odero, abogado de Nertis Legal, señalaba en un reciente artículo publicado por Andalucía Información que “se ha extendido en la doctrina la visión de que la ocupación ilegal de una vivienda debe ventilarse ante los juzgados civiles”.
“Algunos entienden que se trata de una situación de precario, lo que resulta imposible de compartir pues el precario constituye una forma del contrato de inquilinato, que se separa del arrendamiento en cuanto no se exige el pago o merced, elemento esencial de este último, quedando su cesación a voluntad del arrendador”, explico, y apuntó que “otros autores hablan de interdicto, cuestión alejada del derecho de propiedad y que solo afecta a la posesión”.
“Otros, al fin, lo sitúan en el plano del ejercicio de la acción reivindicatoria, que mal se compadece con la situación que contemplamos, pues nace aquella cuando alguien disfruta un bien que, con el tiempo y por circunstancias diversas, ha devenido en una posesión indebida”, agrega.
Frente a todo esto, Moreno Odero entiende que “estas situaciones de ocupaciones indebidas tienen una trascendencia penal en todo caso y que el órgano judicial, ante la mera denuncia del perjudicado, debería verse facultado para restaurar de inmediato la situación ilegalmente alterada y amparar al ciudadano perjudicado”. “Cualquier otra actitud nos sitúa lejanos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica”, remacha.
Tanto PP, como Vox y Ciudadanos han presentado iniciativas para dar una respuesta inmediata y contundente a estas conductas delictivas. El PP propone, entre otras cosas, que la Policía pueda desalojar el inmueble en un periodo máximo de 48 horas y recuperar el delito de usurpación con penas de entre uno y tres años de cárcel.
Vox también quiere facultar a los cuerpos y fuerzas de seguridad para echar a los okupas cuando sean denunciados y “exista apariencia de ocupación ilegítima” y, por su parte, Ciudadanos, plantea celebrar juicios rápidos para los delitos de allanamiento de morada y de usurpación.
“Algunos movimientos radicales han defendido, no pocas veces con inusitada violencia, la sumisión del derecho de propiedad a la voluntad de quienes abusiva e ilegalmente lo disfrutan”, advierte el letrado de Nartis Legal. “Parecen contar con la tolerancia o la simpatía, al menos, de algunos poderes públicos, a los que comprometen por el coste electoral que supondría su oposición o porque, en no pocos casos, son auspiciados y participados ideológicamente por los mismos”, prosigue.
Pero, concluye, si “la sociedad va tolerando situaciones contrarias al derecho, esto acaba desembocando en realidades de cruel abatimiento de derechos necesitados de protección. En gran medida por culpa de los poderes públicos, que olvidan sus deberes constitucionales de procurar a la ciudadanía un hábitat digno y toleran a un tiempo la desprotección de ciudadanos injustamente tratados por la barbarie descontrolada de otros”.
