La semana pasada, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han manifestado su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022 porque plantea “una reforma brutal con una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores”, y han anunciado “contundentes movilizaciones en cuanto el Covid lo permita”. Pero desde hace quince días, antes de todo esto, los pequeños productores promueven un paro nacional el 24 de febrero.
“Todo no es PAC”, apunta Juan Pérez, portavoz de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz-Chipiona. “A los de aquí, ni nos beneficia ni nos perjudica, esto le preocupa a los grandes terratenientes, a los agricultores de salón”, añade, y remarca que “nosotros lo que queremos es vivir dignamente de lo que producimos, no queremos subvenciones”. Para ello, Pérez plantea la necesidad de atajar el problema de importación de productos de terceros países que se comercializan en condiciones más ventajosas. “Países como Marruecos, Egipto, Senegal o Sudáfrica colocan productos a un precio que nos obligaría a vender por debajo de los costes de producción”. “Se les dan todas las facilidades, sin tener en cuenta los costes sociales de la producción nacional”, denuncia. Como ejemplo, apunta que “un trabajador egipcio cobra en un mes unos 80 euros, casi lo mismo que cuesta un empleado en España al día con los seguros sociales”.
Las administraciones tampoco tienen en cuenta los costes ecológicos y las exigencias fitosanitarias, favoreciendo “la intrusión de empresas extranjeras aunque no cumplan siempre con la normativa comunitaria”. En este sentido, advierte que, por la falta de controles, se están importando igualmente plagas que afectan a los cultivos. A todo ello hay que añadir impuestos y medidas fiscales que sufren los productores españoles, incapaces de hacer frente a la competencia desleal.
El paro previsto para el próximo 24 de febrero está convocado por la Unión de Asociaciones Libres y ya cuenta con el apoyo de una treintena de organizaciones en toda España. En Cádiz, también se ha sumado al llamamiento la Asociación de Apicultura de Andalucía, con sede en Prado del Rey.
Entre la preocupación que comparten todas las entidades está, igualmente, los costes de la cadena de distribución alimentaria. “Un consumidor paga en ocasiones hasta un 700% más del precio de origen para adquirir los productos”, subraya Pérez, quien confía en tener el respaldo de las grandes organizaciones agrarias. “La idea es hacer dos caravanas de vehículos, una desde la Costa Noroeste y otra desde la Sierra y acabar en Jerez”, detalla. “Quedarse quieto, desde luego, no resuelve nada”, concluye.
