La crisis migratoria de Ceuta el pasado mes de mayo y las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con la problemática de Gibraltar, a la espera de encajar en la UE tras el Brexit, han evidenciado que las cuestiones territoriales en el área del Estrecho “confieren un potencial desestabilizador extraordinario” a los países concernidos en las mismas.
Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público y director del Centre of Excellence Jean Monet Migration and Human Rights in Europe’s External Borders, de la Universidad de Cádiz (UCA), analiza para el reconocido think thank Real Instituto Elcano estas controversias, así como las opciones estratégicas para España en dos recientes artículos publicados con el título Consolidar a la UE en el área del Estrecho I y II.
“España, como Estado miembro en el área fronteriza, es el garante en la UE en el área y región del Estrecho, con su derecho, sus políticas, principios y valores democráticos y de derechos humanos”, escribe, por lo que “propugna a la UE y la ONU como estructuras integradas en la posición española para la prevención, refuerzo de dinámicas bilaterales con el Reino Unido y Marruecos, y vías de solución de situación bloqueadas para la cooperación transfronteriza y las cuestiones de soberanía”, añade.
“Lo ideal sería avanzar hacia una zona de prosperidad compartida”, apunta en el transcurso de una conversación telefónica, pero reconoce que es imposible por las relaciones con Marruecos.
De manera que la implicación de la UE en una estrategia doble a medio y largo plazo es de vital importancia, teniendo en cuenta que las relaciones con Rabat y Londres no son iguales, por lo que las soluciones tampoco pueden serlo.
La implicación europea reforzó a España ante la crisis de Ceuta
Marruecos es un socio preferente de España y de la UE, pero “hay un poso de prevención entre Estados y miembros” que llegó a reconocerse explícitamente en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, admitiendo que “existen viejos malentendidos y aprensiones colectivas”, recuerda Del Valle.
El reino alauí, explica, no aceptó el principio ‘uti possidetis uiris’ por el que respeta las fronteras heredadas de la descolonización en el siglo XIX, y no negoció su indepedencia con España, sino con Francia. De manera que, periódicamente, reclama la marroquinidad de las ciudades, Ceuta y Melilla, e islas (Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera e Isla de Alhucemas con sus dos islotes) y ha asumido la posición de que el territorio del Sáhara Occidental constituye sus provincias saharauis del sur, plenamente marroquíes, y sobre las que no va a celebrarse el referéndum comprometido con la ONU y para el que existe desde 1991 una Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso).
El catedrático de la UCA apunta que, en estas, en el reciente caso de Ceuta, “Marruecos ha unido tres componentes que mezclados son muy explosivos: un inesperado envite y presión para que España altere su política exterior hacia el Sáhara, llevándola fuera de la ONU, dirigida a una ciudad española que reclama para sí, utilizando como medio un abandono del control de fronteras y una avalancha migratoria de nacionales marroquíes -incluidas familias y niños- y de otros países africanos (aproximadamente 9.000 personas, incluidos al menos 1.200 menores, en dos días)”.
Del Valle sostiene que “un análisis jurídico del Derecho Internacional probablemente llevaría a etiquetar como acto de injerencia la decisión de Rabat”, ejecutado justo cuando Donald Trump apoyó las pretensiones de Marruecos, se producían acciones de guerra soterrada en el Sáhara y ante las próximas sentencias del TJUE de Luxemburgo sobre el acuerdo de pesca de 2018 y sobre el protocolo de 2019 de preferencias arancelarias.
Es preciso, por lo tanto, “una estrategia en la que España incardine a la UE más directamente en las cuestiones bilaterales”. “La implicación de la UE en la reciente crisis de Ceuta -recuerda- hizo que se activaran institucional y automáticamente ciertos dispositivos de reforzamiento del territorio español en la costa africana”. “Reconocer abiertamente este hecho de la aplicación del Derecho UE en los territorios de la costa africana debe llevar a que España lo extienda explícitamente a las islas y peñones con una legislación española específica y vinculada a la UE”, concluye.
El entendimiento con Gibraltar relega la cuestión soberanista
A diferencia con Marruecos, en el caso de Gibraltar, la incorporación de la UE en las estructuras materiales e institucionales de cooperación transfronteriza tras el Brexit “ha abierto nuevas avenidas de entendimiento y estabilidad en la relación con España”, marcada por la reclamación de soberanía sobre el Peñón por parte de ésta.
Del Valle subraya que Gibraltar ha formado parte de las Comunidades Europeas y de la UE de la mano del Reino Unido, aplicándose parcialmente el Derecho de la UE entre 1972 y 2020. De manera que la “UE ha sido un actor muy relevante en las relaciones hispano-británicas relativas a Gibraltar”. Incluso ha sido un actor mediador de interés, recuerda, interviniendo como elemento de control propio de rganizaciones internacionales en las controversias bilaterales, como por ejemplo con las ‘Fact Finding Missions’ o Misiones de Investigación durante la época de las colas en la Verja.
Pero ahora ha cobrado una mayor presencia con la retirada efectiva de Reino Unido de la UE el 1 de febrero de 2020. El autor se felicita por la posición española en el Tratado de Retirada, que ha focalizado en la cooperación transfronteriza con Gibraltar el tratamiento de la cuestión gibraltareña.
Entre las prioridades, España ha situado los derechos de los trabajdores transfronterizos y la perentoria necesidad de regular los problemas de la vida cotidiana pues la comarca y el municipio fronterizo de La Línea viven día a día las consecuencias del conflicto histórico.
En un primer tratado suscrito se sitúa precisamente a los trabajadores transfronterizos, el tabaco, el medio ambiente y la cooperación policial y aduanera como temas prioritarios de entendmiento. Un nuevo tratado prevé integrar el territorio de Gibraltar en el área Schengen, que supone la demolición de la Verja de facto. Del Valle indica que queda pendiente el aspecto de la soberanía y “si la UE debe entrar como elemento necesario en la búsqueda de soluciones imaginaitvas para resolver una controversia histórica”. España, no obstante, se ha abierto a “una solución negociada que busque una soberanía versión siglo XXI”.
El otro asunto que no se ha abordado son “los riesgos muy graves que las bases militares británicas (naval, aérea y de inteligenica) suponen para la Bahía de Algeciras y sus 300.000 habitantes”: aeropuerto próximo a las viviendas de La Línea, polvorines y depósitos de armas, combustibles, explosivos y municiones de la RAF. Y advierte, finalmente, que no hay concertación con España para caso de accidente ni control democrático en Cortes, a diferencia de los acuerdos con EEUU por Rota y Morón, de estas bases británicas.
