El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada acoge este jueves el juicio contra los trabajadores de Transportes Rober imputados por la supuesta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores por su actuación como piquetes en la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009, hechos por los que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
Este jueves declararán concretamente 19 de los 22 imputados y entre ellos se encuentra el secretario general de CCOO en Granada, Ricardo Flores, cuyo sindicato impulsó la huelga, si bien él no se encontraba en el lugar de los hechos ni participó en los mismos.
El resto de los acusados pendientes, un total de tres, se sentarán ante el juez en una vista oral posterior, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
Este juicio se produce a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta cuatro años de cárcel. Las mismas fuentes explican que el Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.
El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, considera "desproporcionada" la pena solicitada ya que, según han mantenido, "los piquetes informativos están amparados por la Ley al estar ejerciendo los trabajadores el derecho fundamental reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución Española de informar sobre una huelga".
De hecho, desde CCOO, que ha convocado una concentración de apoyo para este jueves en los juzgados, piden la libre absolución de todos los implicados por considerar que la celebración de esta vista oral es "un despropósito" y supone una "clara represión sindical y una vulneración en los derechos de los trabajadores".
