El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha reabierto la causa contra el alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por la adjudicación presuntamente irregular de las obras en una rotonda de Circunvalación, y lo imputa junto a otras tres personas más, pese a que decretó el archivo del proceso en un auto anterior del pasado 6 de junio.
La denuncia inicial partió del propio Ayuntamiento en el periodo en el que fue gobernado por el 'popular' Antonio Ayllón, que acusó a Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, por la ejecución, sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos.
En aquel momento, el alcalde sostuvo que su antecesor había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, responsable, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla.
Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel del Arco criticaba en su auto la denuncia del PP, en tanto que sólo se dirigía contra el alcalde: "Parece que para la acusación particular (PP) sólo existe una obsesión: el actual alcalde Armilla de pertenencia a un partido político (PSOE) contrario a la militancia del alcalde denunciante (PP)".
Ahora, y después del recurso de reforma interpuesto por los 'populares', Del Arco acepta reabrir la causa y atribuye un posible delito continuado de prevaricación, otro de tráfico de influencia y otro de malversación de caudales públicos al alcalde, al concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Armilla, Victoriano Cid, al instructor del expediente y al gerente de Armigesa, empresa participada en un 51 por ciento por FCC y en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de la localidad.
Según sostiene ahora el Juzgado en su nuevo auto, de fecha 12 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera "totalmente ilegal" las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.
Se hizo, según el juez, presuntamente "sin expediente de contratación alguno" pese a ser una obra mayor por su cuantía, que requería un procedimiento abierto y respetar los principios de publicidad y libre concurrencia, sin licencia de obras, y sin consignación presupuestaria, en unos terrenos que "no son propiedad del Ayuntamiento".
