La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha visitado este miércoles la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional y el Centro Especial de Empleo de Aprosmo, Asociación en favor de las personas con Discapacidad Intelectual en Motril y la Costa granadina, donde ha reconocido su trabajo "por promover el desarrollo y la integración plena de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía", un colectivo formado por más de 60.000 personas.
Sánchez Rubio ha reivindicado igualmente el compromiso de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de su entorno.
"Un empeño por la igualdad de oportunidades que, como decía, comparte con el Gobierno Andaluz, plasmado en una estrecha colaboración que se ha desarrollado durante años y que nos ha permitido avanzar enormemente en materia de atención a la discapacidad intelectual en Motril y la Costa granadina", ha dicho.
Aprosmo tiene aproximadamente 360 personas asociadas, atiende a más 500 personas y trabajan más de 210 profesionales de manera directa y 30 de forma indirecta.
Además, gestiona ocho centros con 230 plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), a la que se destinan desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales más de 2,5 millones de euros.
La consejera ha querido resaltar también la vitalidad del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y en especial de la discapacidad psíquica, "y la necesidad constante de diálogo y colaboración para impulsar proyectos como el de Aprosmo, en Motril, y a nivel andaluz el de Feaps (Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectural), reforzando al máximo la coordinación con el conjunto del tejido asociativo".
ANTEPROYECTO LEY DE DISCAPACIDAD
La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.
La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43 por ciento, y a reservarle un 3 por ciento de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5 por ciento de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
A la vigente reserva del 7 por ciento de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.
Entre otros derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.
