El que fuera alcalde de Lanjarón (Granada), el 'popular' José Rubio, acusado de empadronar a familiares en la localidad justo antes de las elecciones municipales de 2007 ha admitido que efectivamente inscribió a parientes en el censo, pero ha negado que el objetivo fuera ganar votos.
Así lo ha señalado en la primera sesión del juicio que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada el exalcalde, para el que la Fiscalía pide un total de cinco años, seis meses y un día de cárcel, inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años, y multa de un total de 1.170 euros por los supuestos delitos de alteración del censo electoral y falsedad.
Rubio ha sostenido que fue el propio secretario del Ayuntamiento el que le informó de que podía empadronar a personas en el censo de forma delegada, sin necesidad de su presencia física, y ha explicado, uno a uno, las razones por las que inscribió a un total de once familiares. Por otro lado, también se inscribieron otros familiares, primos hermanos, pero ha negado que él tuviera que ver en eso.
De hecho, ha explicado las razones familiares de sus parientes para ser incluidos en el censo, desde razones de salud, ya que obtendrían descuentos en el balneario de Lanjarón por ser vecinos del pueblo, hasta razones empresariales, ya que algunos de ellos querían instalarse en la localidad para montar su negocio.
Según ha afirmado, seis de ellos se inscribieron en un mismo edificio de su propiedad, con diez habitaciones, y otros en otras viviendas, pero ninguna, según ha indicado, sin los servicios de luz o agua. El exalcalde, que perdió las elecciones de 2007 tras ochos años en el cargo, ha atribuido a las noticias que aparecieron sobre este asunto a las razones del cambio de gobierno: "Perdí las elecciones que tenía ganadas".
El exalcalde ha indicado que "en absoluto" empadronó a sus parientes para captar votos, sino que lo hizo delegado por ellos por razones personales. Sin embargo, sí ha reconocido que estampó su firma en todas esas solicitudes y que aquel año hubo más empadronamientos que en otras elecciones, aunque ha indicado que desconoce las razones.
Rubio ha señalado que en el pueblo tuvo problemas con el jefe de la Policía Local, con el que llegó "hasta las manos", y con el funcionario que se encargaba de las altas y bajas en el padrón, porque, según ha asegurado, él quería que el Ayuntamiento funcionase bien. De hecho, ha mantenido que incluso recogió los requerimientos que se le hicieron a los solicitantes para que subsanaran algunos errores y acreditaran su domicilio con alguna factura, "por el mismo motivo con el que llegaba a regular el tráfico: por colaborar".
En el juicio, que continuará este miércoles y está previsto que concluya el próximo lunes, ha declarado precisamente el funcionario que se encargaba de las altas, que ha señalado que tenía una relación "cortés" con el regidor y ha afirmado que le dio las claves del padrón porque así se lo instó el propio secretario municipal.
También ha comparecido otra trabajadora que hacía labores de apoyo a este funcionario, que ha señalado que en algunas de las solicitudes había errores, y el jefe de la Policía Local, que ha explicado que, pese a que normalmente él se encargaba personalmente de llevar distintas notificaciones a los vecinos del pueblo, el alcalde se hizo cargo de algunas y le dijo que las notificaría él, lo que ha dicho que no era "habitual".
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en los días 29, 30 y 31 de enero de 2007 se presentaron más de un centenar de solicitudes de empadronamiento en el municipio de Lanjarón, fechas que correspondían con los últimas días hábiles establecidos para la inclusión en el censo electoral de la localidad a las efectos de derecho de sufragio activo en las elecciones municipales que se celebrarían en el mes de mayo.
El fiscal señala que en 70 casos se presentó un formulario modelo con los datos personales de los solicitantes escritos a ordenador, e indica que de este grup0, 11 solicitudes fueron firmadas por el alcalde de Lanjarón en aquellas fechas, en virtud de la autorización dada por los instantes, generalmente parientes suyos.
Además, 88 de ellas estaban datadas el 25 de enero de 2007 fecha que no guarda correspondencia con la de presentación (29, 30 y 31 de enero) y el domicilio facilitado en la localidad de Lanjarón y que suponía su inclusión en el padrón municipal y por ende en el censo electoral, era ficticio toda vez que dichas personas ni residían ni tenían intención de residir en el pueblo.
Además, no coincidía su domicilio fiscal con el del nuevo empadronamiento, en concreto en las solicitudes de siete personas, todas ellas parientes del acusado, y que supuestamente residían en el mismo inmueble, que sin embargo presentaba signos de "evidente abandono y nulo consumo" de agua en los dos primeros trimestres del año 2007.
Amén de ello, en las solicitudes únicamente se apoderaba al acusado con carácter general para la realización del empadronamiento en Lanjarón, y fue éste, según la Fiscalía, quien las elaboró "faltando a la verdad" en las manifestaciones relativas al domicilio de los solicitantes, "con conocimiento de su evidente falsedad".
Esa "mendaz maniobra orquestada" por el alcalde y supuso un incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido político ante la perspectiva de la presentación de su candidatura en esos comicios realizada conscientemente por este periodo electoral, cuando era el máximo responsable de la llevanza, el control y dirección del padrón.
