La Fiscalía de Granada ha mantenido este lunes su petición de cinco años, seis meses y un día de cárcel para el que fuera alcalde de Lanjarón (Granada), el 'popular' José Rubio, por presuntamente propiciar la alteración del censo, empadronando a familiares suyos en distintos domicilios, algunos en una vivienda abandonada, justo antes de las elecciones municipales de 2007.
El procesado se enfrenta además a inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años, y multa de un total de 1.170 euros por los supuestos delitos de alteración del censo electoral y falsedad.
En la primera sesión del juicio, el pasado martes, el exalcalde admitió que inscribió a parientes en el censo, pero negó que el objetivo fuera ganar votos.
Rubio sostuvo que fue el propio secretario del Ayuntamiento el que le informó de que podía empadronar a personas en el censo de forma delegada, sin necesidad de su presencia física, y explicó las razones por las que inscribió a un total de once familiares. Por otro lado, también se inscribieron otros familiares, primos hermanos, pero dijo que él no tuvo que ver en eso.
De hecho, indicó los motivos de sus parientes para querer ser incluidos en el censo, desde razones de salud, ya que obtendrían descuentos en el balneario de Lanjarón por ser vecinos del pueblo, hasta razones empresariales, ya que algunos de ellos querían instalarse en la localidad para montar su negocio.
Según afirmó, seis de ellos se empadronaron en un mismo edificio de su propiedad, con diez habitaciones, y otros en otras viviendas, pero ninguna, según indicó, sin los servicios de luz o agua. El exalcalde, que perdió las elecciones de 2007 tras ochos años en el cargo, atribuyó a las noticias que aparecieron sobre este asunto a las razones del cambio de gobierno: "Perdí las elecciones que tenía ganadas".
El exalcalde aseguró que "en absoluto" empadronó a sus parientes para captar votos, sino que lo hizo delegado por ellos por razones personales. Sin embargo, sí reconoció que estampó su firma en todas esas solicitudes y que aquel año hubo más empadronamientos que en otras elecciones, aunque dijo desconocer las razones.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según la acusación de la Fiscalía, en los días 29, 30 y 31 de enero de 2007 se presentaron más de un centenar de solicitudes de empadronamiento en el municipio de Lanjarón, fechas que correspondían con los últimas días hábiles establecidos para la inclusión en el censo electoral de la localidad a las efectos de derecho de sufragio activo en las elecciones municipales que se celebrarían en el mes de mayo.
El fiscal señala que en 70 casos se presentó un formulario modelo con los datos personales de los solicitantes escritos a ordenador, e indica que de este grup0, 11 solicitudes fueron firmadas por el alcalde de Lanjarón en aquellas fechas, en virtud de la autorización dada por los instantes, generalmente parientes suyos.
Además, 88 de ellas estaban datadas el 25 de enero de 2007 fecha que no guarda correspondencia con la de presentación (29, 30 y 31 de enero) y el domicilio facilitado en la localidad de Lanjarón y que suponía su inclusión en el padrón municipal y por ende en el censo electoral, era ficticio toda vez que dichas personas ni residían ni tenían intención de residir en el pueblo.
Además, no coincidía su domicilio fiscal con el del nuevo empadronamiento, en concreto en las solicitudes de siete personas, todas ellas parientes del acusado, y que supuestamente residían en el mismo inmueble, que sin embargo presentaba signos de "evidente abandono y nulo consumo" de agua en los dos primeros trimestres del año 2007.
Amén de ello, en las solicitudes únicamente se apoderaba al acusado con carácter general para la realización del empadronamiento en Lanjarón, y fue éste, según la Fiscalía, quien las elaboró "faltando a la verdad" en las manifestaciones relativas al domicilio de los solicitantes, "con conocimiento de su evidente falsedad".
Esa "mendaz maniobra orquestada" por el alcalde y supuso un incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido político ante la perspectiva de la presentación de su candidatura en esos comicios realizada conscientemente por este periodo electoral, cuando era el máximo responsable de la llevanza, el control y dirección del padrón.