La Policía Nacional ha solicitado autorización al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, para analizar nuevos datos bancarios y correos electrónicos vinculados con la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, que está investigada en la causa.
Se trata de una reciente solicitud de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechada el 10 de noviembre, para profundizar en las líneas de investigación abiertas en torno a la exedil, tanto sobre sus operaciones bancarias como en el uso de correos electrónicos con promotores para abordar expedientes urbanísticos, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
La titular del Juzgado de Instrucción 2 ha dictado este pasado martes una providencia al respecto pidiendo a la Fiscalía que se pronuncie sobre si le parece adecuada la petición de la Policía.
La primera línea de investigación se refiere a movimientos bancarios que podrían estar relacionados con cierta documentación intervenida en los registros y con operaciones vinculadas a la compra de la vivienda en Obispo Hurtado.
La segunda pesquisa es sobre los correos electrónicos que la exedil se intercambió supuestamente con promotores investigados en la causa y a través de los cuales pudo cerrar acuerdos no solo sobre expedientes que están siendo objeto de investigación sino de otros diferentes.
Nieto está siendo investigada en el caso Nazarí por los supuestos delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación, cohecho, falsedad en documento público, malversación de fondos públicos, contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales y acoso laboral.
SUMARIO
Según se desprende de la documentación del sumario, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exalcalde de Granada José Torres Hurtado está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, falsedad documental y cohecho.
En el sumario se incluyen las declaraciones de los 17 investigados; extensa documentación de los ocho expedientes urbanísticos que componen la causa; además de recortes de prensa, correos electrónicos y los informes policiales elaborados hasta la fecha, en los que se alude a la existencia de una trama que actuaría como una "verdadera organización criminal".
Lo basan los investigadores en la existencia de "una pluralidad de personas" con una estabilidad en el tiempo --los hechos investigados se desarrollan desde 2001 a 2016-- y una jerarquía establecida con el reparto de funciones.
En "la cúspide" de la trama sitúan algunos informes policiales a Torres Hurtado, alegando que "estaría al tanto de todo lo acontecido en el urbanismo de Granada confiando en sus dos más estrechos colaboradores", en relación a la exedil de Urbanismo y el también investigado Manuel Lorente.
Para los investigadores, la persona "que controlaría de facto el urbanismo de Granada" sería Lorente y "la tercera persona en esta cúspide sería Isabel Nieto".
Se alude en las investigaciones policiales a supuestas "injerencias" de su parte sobre "lo que tenían que contener los informes", además de que por parte de "altos cargos de Urbanismo y del Ayuntamiento se intentaron presuntamente imponer criterios no acordes con la legalidad urbanística" y en contra supuestamente de los criterios de los técnicos, mediante "presiones".
La Policía sitúa por debajo de Torres Hurtado, Lorente y Nieto a "los diferentes funcionarios que participarían en la trama" y cuya actuación era "totalmente necesaria"
