El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de súplica del exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, contra el archivo de la querella que presentó contra el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Granada y una médico forense, a los que atribuía delitos de prevaricación y tráfico de influencias después de que fuera citado a declarar por videoconferencia el pasado 21 de noviembre en una de las causas que hay abiertas contra él.
El exregidor aludía a una supuesta "conducta prevaricadora por la connivencia entre el juzgado y la médico forense", para que esta última presuntamente creara "un informe ficticio" para favorecer su declaración sin que se hubiera producido una visita médica.
En un auto fechado el nueve de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal andaluz refrenda los posicionamientos jurídicos por los que ya se decidió archivar la querella y sostiene que si bien la función de un juez de lo Penal no es lograr la declaración de un acusado "a toda costa", sí lo es procurar dicha declaración cuando no hay objeciones médicas para ello, además de velar por que no se produzca un fraude procesal dirigido a impedir la celebración del juicio.
Aunque el TSJA matiza que no está afirmando que ésa fuera la intención de Víctor Sánchez, alude a la posición del juez que "tuvo que tomar una decisión difícil" a la hora de valorar si los riesgos médicos a los que aludían los informes eran de intensidad suficiente como para no celebrar el juicio, y toda vez que el informe pericial le dejaba margen para adoptar la decisión de mantener el señalamiento de la vista oral.
"Es claro que en tal contexto de decisión difícil en el que no hay un límite de legalidad definido, acudir al reproche penal es inadecuado y esa es la razón por la que la Sala no ha dudado en inadmitir a trámite la querella", agrega el auto, que es firme.
La Audiencia Provincial de Granada ha fijado para el 22 y 23 de este mes un nuevo juicio contra el exalcalde de Atarfe y el que fuera arquitecto municipal por la comisión de supuestas irregularidades urbanísticas en el llamado paraje del Acequión, donde presuntamente aumentaron la edificabilidad más allá de los parámetros legales beneficiando a promotores.
La Fiscalía de Granada les atribuye un delito continuado de prevaricación y solicita para ambos la pena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
