El Gobierno andaluz suscribirá convenios con cerca de 90 ayuntamientos de la provincia de Granada para favorecer la reinserción social de los menores infractores sometidos a medidas judiciales, impuestas en régimen abierto.
Estos acuerdos entre instituciones tienen un enfoque eminentemente educativo y buscan el reconocimiento de una mala acción cometida, de manera que el menor asuma su responsabilidad resarciendo, de alguna forma, a la sociedad el daño producido.
El perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano.
La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores. Entre las tareas a realizar se encuentran aquellas de interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido.
Acompañar a personas mayores, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón o limpieza de parques y grafitis, son algunas de las tareas que realizan los menores infractores hasta un máximo de 200 horas, aunque la media ronda las 50.
Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, con motivo de la firma de uno de estos acuerdos con el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado. Estos convenios pretenden "reforzar la colaboración de todos los agentes implicados en la recuperación de los menores infractores", ha detallado la delegada, que ha cifrado en un 80 por ciento la tasa de no reincidencia, "lo que demuestra la efectividad de estas medidas".
La Consejería de Justicia e Interior ha ejecutado durante 2016 un centenar de medidas con prestaciones para reeducar a menores infractores a través de trabajos en beneficio de la comunidad.
La delegada ha explicado que los convenios con ayuntamientos y entidades "no comportan ninguna contraprestación económica" y en ningún caso se plantea la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo, ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor.
El objeto específico del convenio es la colaboración institucional para la ejecución de las Prestaciones en beneficio de la Comunidad (PBC) con la realización de tareas educativas (TSE), impuestas por los Juzgados de Menores, así como la realización de actividades reparadoras en favor de la sociedad (RS), que sean acordadas en procesos extrajudiciales de conciliación y reparación.
Para realizar las prestaciones en beneficio de la comunidad los menores cuentan con el correspondiente seguro de accidentes con cargo a la Consejería de Justicia e Interior, por lo que el Ayuntamiento estará exento del mismo.
