La tramitación para la construcción del centro comercial Eroski en Ronda centra buena parte de la instrucción cuyo contenido se ha dado a conocer. Así, según se desprende del sumario, es en un auto fechado en febrero de 2011 cuando la juez señala que uno de los hechos investigados en esta causa es la construcción de dicho centro comercial.
Lo primero que llamó la atención de los investigadores y que determinó el inicio de la operación fue la permuta de terrenos del antiguo recinto ferial, a través de un convenio que se habría realizado, según el citado auto de la juez, “con una valoración municipal inferior a los límites establecidos legalmente». El objetivo, cree la magistrada, no fue otro que evitar que la Junta de Andalucía interviniera en dicha tramitación y fuese el Ayuntamiento quien gestionara el todo el proceso. Fue entonces cuando la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) puso en conocimiento de la Fiscalía su sospecha.
De hecho, según uno de los oficios que forman parte del sumario, los investigadores detallan las sucesivas transmisiones de dichos terrenos, aludiendo al “incremento de valor de la parcela, que en un año pasa de 1,8 a casi 18 millones de euros, con el consiguiente perjuicio patrimonial para las arcas municipales”, afirma dicho documento. Tras la permuta y antes de la venta, el Ayuntamiento se habría comprometido a recalificar como comerciales dichos terrenos.
Otro momento de inflexión fue el fallecimiento de Manuel Ruiz Jurado, y que incidió en la operación para la compra de los terrenos del antiguo municipal de deportes, del campo de fútbol. El grupo de blanqueo de capitales de la Udyco Costa del Sol entregó a la instructora un informe a finales de 2010 donde explicaba cómo estos terrenos, que fueron vendidos por concurso público a la empresa Ruiz Jurado, finalmente fueron cedidos a la empresa Eroski, a través de la sociedad Ronda Gestión de Proyectos Comerciales. De todas las escuchas practicadas, resulta llamativa una en que el teniente de alcalde, Francisco Cañestro, preguntó a Marín Lara si no existirían problemas legales al llevarse al famoso pleno de noviembre de 2010 el cambio en titularidad de los terrenos. En la conversación, Cañestro advierte a Marín que el concejal Juan Fraile le había dicho que, de aprobarse dicho cambio, “todos acabaremos en la cárcel”, por lo que Cañestro informó al entonces alcalde de que Fraile no se presentaría a dicho pleno. Marín Lara le tranquilizó asegurándole que había pedido al secretario un informe “en el que se pringara de verdad”, reza una de las escuchas. Según creen los investigadores, este movimiento tan sólo pretendía eludir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
Es por ello que la tesis de la Policía viene a decir que Marín Lara se habría puesto al servicio de Eroski: “Supedita las actuaciones concretas de esa administración a las directrices” de Eroski, quien le marca “en cuanto a actos y fechas”, dice un oficio policial. Ello lleva a la policía a recelar del “desproporcionado interés” del ex alcalde por sacar adelante el proyecto. Marín Lara, como se relata en esta información, dice que su único interés fue “hacer avanzar a la ciudad de Ronda”.
