Durante meses se pincharon seis teléfonos móviles de políticos y empresarios. Los implicados aseguran que no hubo sino gestión de tipo administrativo; la policía insiste en que hubo errores administrativos y de procedimiento
Como adelantó en su edición de la semana pasada RONDA SEMANAL, la jueza que instruye el caso Acinipo, titular del Juzgado número 2 de Ronda, acabó entregando este miércoles a los implicados en el caso Acinipo los casi 2.000 documentos que componen los nueve primeros tomos del sumario. Se ha sabido que quedan otros once tomos sobre los que aún pesa el secreto. La jueza, en un auto, anuncia nuevas diligencias para explicar por qué se mantiene sobre el resto de documentos dicho secreto sumarial.
RONDA SEMANAL ha tenido acceso a la documentación, que se ocupa de las investigaciones desde abril de 2010, cuando la Fiscalía ordenó abrir el caso, hasta el 23 de junio de 2011, cuando Marín Lara ya no era alcalde. Con anterioridad a este levantamiento del sumario, ya en marzo de este año se habían hecho públicos otros 1.075 folios del sumario, referidos éstos a las investigaciones previas, a aquellas que motivaron la apertura del caso Acinipo.
En la documentación ahora conocida se revela el procedimiento seguido en la investigación, siendo significativo cómo la Policía, cada 15 días, entregaba a la juez un resumen de las escuchas realizadas sobre los teléfonos pinchados, y donde destaca numerosa información en torno a las operaciones para el centro Eroski, el proyecto Merinos, las gestiones en torno al PGOU, el proyecto de un conocido torero malagueño para construir en una finca rondeña o las relaciones entre el Ayuntamiento y el CD Ronda. Además, el sumario se ocupa del procedimiento de adjudicación del asfaltado en distintas calles de Ronda o del asunto de hasta tres cheques cobrados por el ex concejal José Herrera.
En abril de 2010 fue cuando se pincharon los teléfonos de Marín Lara y Herrera. Después la jueza aceptó, a petición también de la Policía, que se hiciera lo propio con los móviles de los empresarios Manuel Ruiz Jurado y Juan Rueda, éste de Los Merinos. Más tarde se pincharon los teléfonos de Alfonso Fernández, vinculado a las empresas de Eroski, y Miguel Ángel Borrego, del grupo Ruiz Jurado.
Tras que en agosto de 2010 falleciese Manuel Ruiz Jurado, además de su teléfono, la Policía solicitó a la jueza el cese de las escuchas sobre uno de los dos móviles de Marín Lara, y también sobre el de Juan Rueda. En diciembre de 2010 dejaron de escucharse también el otro móvil de Marín Lara y los de Fernández y Borrego.
En todo el material, aunque las conversaciones son propias de gestiones habituales, la Policía insiste en sus oficios que existen continuos errores administrativos y de procedimiento. Los nueve tomos concluyen con las diligencias de la jueza solicitando información de cuentas bancarias de Marín Lara y las sociedades de Eroski
