Como ya anunciaba Viva Rota la pasada semana, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha recibido hoy martes al Comité de Empresa de la plantilla de trabajadores del aeropuerto de la Base, sobre la que pesa la intención por parte de Loius Berger Aircraft Services Europa (LBAS) de despedir a 45 trabajadores.
El Comité ha entregado al alcalde un dossier que relata todo el periplo iniciado desde el pasado 26 de octubre de 2015, cuando se constituía la mesa de negociación para el nuevo convenio colectivo, hasta el pasado día 6 de octubre, cuando en la última reunión el Comité constata que la empresa no pretende renegociar dicho convenio, sino la reducción de la plantilla actual.
Así se lo han transmitido al primer edil, que según el Comité ha comprometido a ponerse en contacto con la empresa para conocer de primera mano sus intenciones, y ha recomendado al Comité a que convenza a la empresa de reconducir las negociaciones del convenio colectivo de forma independiente a un posible ERE o reducción de personal. Los representantes sindicales de los trabajadores han agradecido la predisposición del alcalde, y han realizado una valoración muy positiva del encuentro.
El Comité tiene además el próximo jueves una reunión formal con el Almirante de la Base, Santiago Ramón González Gómez, para ponerle al corriente del problema al igual que se ha hecho con la primera autoridad local, y el día 17 de octubre se ha convocado una asamblea general de la plantilla en el Castillo de Luna en dos convocatorias, a las 09:30 horas y a las 16:30 horas en segunda instancia, para informarles de la situación y votar las propuestas de la empresa: o el despido de 45 empleados, o el despido de 15, siempre y cuando la plantilla restante acepte una serie de modificaciones como la reducción de los sueldos, de pagas extra y la antigüedad entre otros aspectos. De momento, el Comité está dispuesto a negociar y no se contemplan movilizaciones.
La "metamorfosis" de LBAS
La plantilla de trabajadores del aeropuerto de la Base lleva mucho tiempo luchando por evitar despidos y que se mantengan sus condiciones laborales. Antes eran empleados de CAV Europa, que subrogó a esta plantilla en 2010. La plantilla, tras dos años de negociaciones, protagonizó en 2012 una huelga como consecuencia de las negociaciones de su convenio colectivo, llegando finalmente a un acuerdo con la empresa.
CAV Europa SLU era la empresa que figuraba como concesionaria del servicio aeroportuario hasta que en septiembre de 2015, el Comité de Empresa es notificado de un cambio de nominación, pasando de llamarse la empresa CAV Europa a Louis Berger Aircraft Services Europa SLU. Empresa que a partir del 1 de noviembre se denominará Louis Berger Aircraft Services Inc., sucursal de España, sin titularidad jurídica propia, sino teniendo la misma que la empresa matriz estadounidense. Una "metamorfosis" que el Comité de Empresa no entiende.
Por otro lado, la empresa comunica al Comité su intención de comenzar de nuevo las negociaciones del convenio colectivo, para lo cual se constituye la mesa de negociación el 26 de octubre de 2015. Sin embargo, en la primera reunión de dicha mesa negociadora, la empresa LBAS comunica al Comité que habían de suspenderse las negociaciones debido a que otra empresa había impugnado la concesión del servicio a LBAS, y por tanto hasta que no se resolviesen dichas alegaciones, la negociación del convenio quedaba a la espera.
La sorpresa llega cuando el Comité de Empresa tiene acceso a una sentencia del Juez Thomas C. Wheeler del 4 de marzo de 2016, por la cual el Alto Tribunal da la razón a la empresa que había impugnado el contrato, Algese, que denunció irregularidades en la concesión realizada por la Navy a LBAS. Dichas irregularidades consistían en que la empresa Loius Berger había estado involucrada en un importante caso de corrupción relacionado con la reconstrucción de Afganistán, Irak e India. El Juez Wheeler instaba en su sentencia a la Navy a interrumpir todas las relaciones existentes con LBAS, lo cual generó una importante preocupación al Comité de Empresa, que solicitó información al respecto.
A la vez, el Comité de Empresa comunica sus preocupaciones a las autoridades civiles y militares españolas, incluyendo al alcalde y al Jefe del DETALL de Personal Laboral Local de Rota.
En un giro de los acontecimientos, el Comité tiene constancia el día 21 de julio de una sentencia del mismo Juez Wheeler que viene a contradecir diametralmente la anterior sentencia, y que de nuevo otorga a LBAS la concesión del servicio concedido por la Navy desde el 1 de agosto de 2016. La empresa por su parte convoca al Comité para informarles de la impugnación de Algese, y notificarles que se están elaborando estudios para adaptar las condiciones laborales de la plantilla al nuevo contrato y sus requerimientos.
Lo que no comunicó LBAS al Comité en dicha reunión informativa es que en la sentencia del Juez Wheeler, no solo se reconoce a Rota como "un activo fundamentel para las operaciones militares nacionales y las organizaciones internacionales como la OTAN y Naciones Unidas", sino que además se manifiesta la preocupación del Gobierno de que la negociación de un contrato puente "pudiera causar disturbios entre los empleados españoles, que sabotearon equipos y se declararon en huelga durante las negociaciones laborales de 2013". Dos cuestiones que el Comité desmiente categóricamente, ya que ni se sabotearon equipos, ni dicha huelga fue en 2013 sino en 2012 tras dos años de reuniones continuas.
El 2 de septiembre de 2016, el Comité de Empresa manifiesta su disconformidad por la imposición de cambios sustanciales en las condiciones de trabajo de los cargos de responsabilidad de los departamentos, asumiendo labores que no coinciden con su categoría laboral. Según el Comité, la primera reacción de la empresa "como represalia" es la destitución del Jefe de Atoc tras 16 años de servicio.
Pero, ¿qué se está negociando aquí?
El pasado 29 de septiembre, LBAS informa a los trabajadores de la "sucesión empresarial", es decir, del paso de LBAS Europa a LBAS Inc. sucursal de España, y les cita para sendas reuniones los días 5 y 6 de octubre. El Comité por su parte solicita información a la empresa y documentación que aclare quién había licitado el servicio y a quién se le había otorgado el contrato por parte de la US Navy.
En la reunión del 5 de octubre, LBAS informa al Comité que tras sendos estudios externos, uno de ellos elaborado por la empresa Deloitte Consulting "en escasas siete horas en las instalaciones", se ha determinado que es necesario por motivos económicos el despido de 45 trabajadores, sin lo cual supondría para la empresa unas pérdidas cifradas en casi 4 millones de euros. El informe, según explica la empresa al Comité "pretende optimizar los servicios, y defiende que incluso bajo el actual convenio colectivo es posible prescindir de 45 empleados".
El Comité de Empresa creía encontrarse en el marco de negociación del nuevo colectivo, pero la empresa niega la circunstancia, asegurando que "se habla de otra cosa". Para el Comité, esta claro que LBAS pretende hacer coincidir la negociación del nuevo convenio colectivo con la aplicación del nuevo contrato de servicio, "cuando son cosas totalmente independientes. Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de que la empresa haya firmado un contrato de servicio a la baja, basándose en una supuesta reducción del volumen de trabajo".
Para el Comité, los informes de Deloitte son, cuanto menos, cuestionables, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa se encuentra actualmente inmersa en un proceso judicial en la Audiencia Nacional, el del caso Bankia. Y además, considera que la reducción de plantilla tal y como lo plantea LBAS es "operativamente inviable". La hoja de ruta que se han marcado los representantes sindicales es, tras reunirse con el Almirante de la Base y con la plantilla al completo, conseguir que la empresa retome las negociaciones del convenio colectivo como tal, de forma independiente a un proceso de ERE o reducción de plantilla, que en su caso debe ser notificado de forma oficial al Comité.
