El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, considera necesario la promulgación de una ley que regularice la profesión de la Educación Social, ya que considera que la Educación Social (E. S.) es "imprescindible para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas". Por este motivo, Izquierda Unida llevará a Pleno una moción para dar apoyo a su petición.

La consciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la E.S. en el Estado en las últimas décadas.

La E.S. posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

En el Estado Social, Democrático y de Derecho la demanda y la oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para atender necesidades y demandas educativas: el acceso a la vida social. En este sentido puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela. Además, la E.S es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

La E.S como profesión consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización.

Además,  La E.S abarca amplios e importantes campos en nuestra sociedad. Ámbitos como las adicciones, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la diversidad funcional, la educación ambiental, la educación para la convivencia, la educación de personas adultas, la orientación familiar, la prevención de la dependencia, la igualdad de género y prevención de la violencia, las instituciones penitenciarias e inserción social, la Infancia y Juventud, la mediación, la Salud Mental, el Tiempo Libre, la animación, la gestión cultural, las Migraciones, los Derechos Humanos, la Solidaridad y la Cooperación Internacional.

Cabe destacar la presencia de la E.S en los servicios sociales municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental.

Pero, sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores, en el que se produce una mayor presencia de profesionales de la E.S, tanto en el ámbito de la reeducación, como en el de la reinserción y la protección.

La figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma. 

En este sentido, Izquierda Unida propondrá al Pleno el apoyo a la petición del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados con fecha 27 de diciembre de 2016, y dar traslado del acuerdo Plenario que se alcance al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, al Consejo General de Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.