Ante el impacto que la epidemia de COVID-19 y las medidas tomadas para su contención están teniendo en el ámbito laboral y social desde CNT Rota consideran que:
"La defensa del derecho a la salud y los derechos laborales deben estar vinculadas. Las medidas de contención que están poniendo en marcha los distintos gobiernos y que tienen como objetivo declarado proteger a la población, y especialmente a los sectores más vulnerables, deben conciliarse con la defensa de los derechos laborales y sociales evitando que sean utilizadas por la patronal para vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras".
Si las medidas de contención y prevención no van unidas a la protección de los derechos laborales y sociales de la población, serán menos efectivas y harán recaer el coste de la crisis y los efectos de la epidemia de COVID-19 sobre la clase trabajadora, y especialmente entre sus sectores más precarios.
En todos los centros de trabajo la prevención y la protección de la salud, de sus trabajadores y trabajadoras, y de la población en general, debe ser la prioridad, por encima de consideraciones de rentabilidad empresarial, llegando a paralizar, si así se considera por motivos médicos, la actividad laboral.
En este sentido se debe respetar escrupulosamente la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y actuar duramente contra las empresas que las incumplan e impidan que sean adoptadas por sus trabajadores.
Se debe garantizar, a través de todos los mecanismos necesarios, que todas las reducciones de jornada o falta al mismo, relacionada con el COVID-19 ya sea por baja por enfermedad, cuarentena, necesidades de conciliación, limitaciones de desplazamientos o suspensiones de eventos y actividades no supongan merma en la remuneración salarial de los trabajadores y trabajadoras, que deben percibir a sus salarios al 100%. El coste de estas medidas debe recaer de forma proporcional entre aquellos que más tienen: grandes empresas, finanzas, fondo de inversión, grandes empresas, rentistas, etc.
Con especial interés, y ante el cierre de centros educativos, de mayores, de atención a la discapacidad, etc. se debe favorecer el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, permitiendo que trabajadores y trabajadoras puedan reducir o suspender su jornada sin reducción de salario, y sin pérdida de derechos, para el cuidado de hijos, familiares, personas mayores y enfermos.
Se debe reforzar la inspección de trabajo para evitar que esta situación sea utilizada por empresarios sin escrúpulos para recortar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Se debe prestar especial atención a los procesos de regulación de empleo para que no se conviertan en mecanismo de destrucción de empleo, ni en vías para que los costes de los cierres empresariales recaigan sobre las prestaciones de la clase trabajadora.
Además, exigen medidas específicas que permitan que la epidemia y sus efectos no se ceben en los sectores de la población más precarios, excluidos en situación de pobreza extrema y sin hogar. "Se deben arbitrar mecanismos específicos para que quienes se ven obligados a trabajar en la economía sumergida, los falsos autónomos, las empleadas del hogar, etc. no sean quienes más sufran esta crisis sanitaria y se vean desprotegidos por partida doble".
Si siempre deben rechazarse, consideran que, en las actuales circunstancias, medidas contra los derechos de los trabajadores, desde los despidos a los desahucios deben ser considerados como atentados contra la salud pública.
En ese sentido, reclaman que sean suspendidas todas las limitaciones presupuestarias y medidas de control del déficit que puedan afectar o condicionar la contención de la epidemia y la atención a los afectados.
Rechazan que la epidemia de COVID-19 y sus consecuencias sean utilizadas para justificar nuevos recortes de derechos laborales, recortes presupuestarios, o que puedan utilizarse como excusa para no abordar las imprescindibles medidas que se deben tomar frente a las crisis ambientales. Por el contrario, esta crisis debe servir para evidenciar la necesidad de revertir urgentemente estos recortes y la política de privatización de servicios públicos.
El coste de todas las medidas que se deban tomar y el coste de las repercusiones económicas de la actual crisis sanitaria deben recaer sobre quienes más tienen y muy especialmente sobre banca, las grandes empresas del IBEX 35 y los “fondos buitre”.
La actual epidemia de COVID.19 está poniendo de en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad del sistema económico y modo de vida, tras décadas de políticas de neoliberalismo extremo, así como su incapacidad para enfrentarse con equidad a crisis sanitarias o ambientales, que sin duda no van a cesar de producirse en el futuro, como consecuencia del propio sistema económico y social que nos ha traído hasta aquí y que se necesita cambiar de raíz con cada vez más urgencia
