El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín, ha asegurado que “la actuación de la Demarcación de Costas siempre se rige por criterios técnicos y en base al cumplimiento de la normativa y la legalidad”, en relación a las afirmaciones de la alcaldesa de San Fernando sobre la oposición de Costas a varios proyectos en el municipio, como la línea de alta tensión Bahía Sur-Polígono Janer o el Museo del Mar, por lo que pide a la responsable municipal “que no ponga en tela de juicio la profesionalidad de los técnicos de la Demarcación”.
Agustín Muñoz ha indicado que “modificar un proyecto, como ha hecho el Ayuntamiento de San Fernando en varias ocasiones, supone tener que rehacer la propuesta si ésta aún no había sido informada, abriendo la posibilidad a que Costas no pueda mantener el criterio inicial si en la modificación del proyecto al analizarlo de nuevo se detecta que se incumple con la normativa a aplicar”.
Precisamente, en su día, la Demarcación de Costas informó favorablemente sobre la instalación de la línea de alta tensión entre el Polígono Janer y Bahía Sur, ya que se encontraba mayoritariamente fuera del DPMT. Posteriormente, el Ayuntamiento modificó el trazado, dejándolo por completo dentro de la zona de DPMT. Tras cada uno de los cambios llevados a cabo por el Ayuntamiento, Costas ha emitido sus informes en el plazo aproximado de un mes.
En el caso del Parque de la Historia y del Mar, la misma Dirección General de Costas fue quien otorgó en el año 2004 la concesión para la construcción del edificio, ya que los usos que se proponían eran todos vinculados al mar, como un acuario marino, Museo Del Mar, etc. Quedó únicamente pendiente de fijar el canon, en función del régimen económico de explotación que fuera a llevarse a cabo por el Ayuntamiento.
Tras varios requerimientos durante años con el edificio vacío, finalmente Costas recibió una propuesta donde desaparecían los usos previstos, vinculados al mar, en el edificio (el acuario, el museo, etc.), y se proyectaban oficinas municipales, parque tecnológico, etc., actividades que pueden y deben tener otra ubicación alternativa fuera del DPMT. Este tipo de uso, por su naturaleza, no puede estar en DPMT y así se advierte a la Junta de Andalucía, indicándole por la Demarcación que, en cualquier caso, se trataría de una modificación sustancial de la concesión, ya que existe un cambio de los usos inicialmente autorizados.
En relación a que el Parque del Mar estuviese fuera del deslinde al que alude la alcaldesa, este museo ha estado siempre incluido en la línea probable de deslinde, como parte del DPMT y como lo demuestra el hecho de que cuente con una concesión de Costas, a solicitud del propio ayuntamiento.
Las decisiones administrativas adoptadas en relación con los asuntos que plantea la alcaldesa se rigen por el Artículo 61 del Reglamento de Costas sobre ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), que dispone que únicamente se podrá permitir dicha ocupación para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (artículo 32.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Por ello, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) “acompasa su labor a los tiempos de la información que el Ayuntamiento ha ido remitiendo”, afirmando Muñoz que “Costas es un ejemplo de organismo que colabora lealmente con las localidades gaditanas”.
En este sentido, el subdelegado aclara a la alcaldesa isleña que “la Junta de Andalucía es la competente en resolver, y también es la administración que debe cumplir lo que establece la normativa a aplicar, por lo que no debería haber iniciado el trámite del Museo del Mar ni de la línea de alta tensión entre Bahía Sur y Janer en las condiciones que se proponían por el Ayuntamiento, ya que son contrarias a la Ley de Costas”. Así y todo, sostiene el subdelegado, en última instancia la Junta puede resolver como mejor considere, ya que le fueron transferidas las competencias en 2011, “y no escudarse en el informe de este órgano de MAPAMA”.
Sobre la carretera de Camposoto se mantuvieron reuniones técnicas, otorgando Costas una autorización provisional en su marco competencial, “pero el Ayuntamiento no puede ejercer la política de hechos consumados, duplicando la carretera en DPMT sin autorización alguna, con la excusa de que la carretera es municipal”, recordando Muñoz que para esta tramitación concreta la Junta de Andalucía sólo emitió informe del Parque Natural en materia medioambiental, no emitiéndose autorización alguna para ejecutar obras en DPMT. Al desatender los requerimientos de la Demarcación tanto el Ayuntamiento como la empresa constructora por la ejecución de obras sin autorización, la Demarcación abrió expediente sancionador en ambos casos. Asimismo, la Demarcación solicitó a la Junta de Andalucía que se pronunciara sobre la existencia de autorización o no, o se pronunciara si consideraba que la actuación no la requería, sin que nunca emitiera respuesta a Costas.
Y en relación con el deslinde entre el puente Zuazo y La Carraca, está pendiente el inicio de un nuevo procedimiento de deslinde, después de que, por los diversos recursos presentados, la Dirección General de Costas archivara el expediente inicial.
El subdelegado sostiene que siempre que el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía han querido mantener encuentros con Costas para tratar asuntos en el término municipal de San Fernando, o en cualquier otra localidad de la provincia de Cádiz, se han mantenido dichas reuniones en el plazo más breve posible.
Muñoz Martín subraya que en lo que concierne a la postura que mantiene la alcaldesa de San Fernando “lo que no vale es culpar a Costas por pedir el cumplimiento de la Ley, ya que ella misma, como responsable municipal, es la primera que debe interesarse por tal cumplimiento y exigirlo a la administración autonómica, por tener las competencias transferidas desde 2011”.
