El CSIF ha realizado un estudio de seguridad y salud en la primera quincena de agosto en las dependencias de PoliciÌa Local del Ayuntamiento de San Fernando tras el que se ha mostrado la “alarma y preocupacioÌn” por la situacioÌn de los vehiÌculos policiales que “rozan la precariedad absoluta”.
Se trata de dos patrulleros con maÌs de siete años de prestacioÌn de servicios y 300.000 kilómetros; una furgoneta de atestado con maÌs de 15 años de servicios y 140.000 kilómetros; una pickup de maÌs de 13 años y 14.000 kilómetros y cuatro motos de las cuales sólo una de ellas operativas con una media de 35.000 kilómetros.
Pese a esa situación, en el mes de julio finalizaba el contrato de renting de tres patrulleros, y lejos de mantenerlos o cambiarlos por otros, se ha dejado vencer y por lo tanto la situacioÌn del parque moÌvil se ha visto auÌn maÌs mermada, lo que deja a San Fernando con una poblacioÌn cercana a las 100.000 habitantes con sólo dos patrulleros operativos.
A todo lo anterior se le suma que en los meses de julio, agosto aumentan un 20% los eventos, circunstancia ciÌclica en el tiempo y no imprevista y los proÌximos meses como en septiembre, con el inicio del curso escolar y con los eventos que se tengan programados, se seguiraÌ prestando los servicios con dos patrulleros, quedando sin poder atenderse o tener vehiÌculos para casos urgentes.
“Todo ello, sin que medie causa teÌcnica que impida el uso de los mismos, es decir, todo ello sin que medie en modo alguno dejacioÌn de funciones por la Jefatura de PoliciÌa Local, la cual en tiempo y forma ha ido informando de los extremos concurrentes para evitar llegar a los extremos actuales de precariedad y falta de medios baÌsicos para la normal prestacioÌn del servicio policial de calidad”, dice el sindicato.
Sin perjuicio de otros efectos, valoraciones o conclusiones, las cuales nos debemos de modo inequiÌvoco, CSIF San Fernando no alcanza a entender cómo tras hacer alardes puÌblicos de la existencia de más de siete millones de euros de superávit, no se realizan las acciones miÌnimas para que el cumplimiento de los servicios policiales puedan ser garantistas para todos los administrados, puesto que queda patente y de manifiesto que todas estas inacciones, presuntamente, podriÌan derivar en una dejacioÌn de funciones de graves consecuencias para terceros.
