La intervención del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Guadalquivir’, Antonio Jiménez, en un Pleno al que asistieron los propietarios de la vivienda ilegal derribada recientemente por orden judicial, marcó el desarrollo de una sesión centrada en el urbanismo municipal. Jiménez reclamó, en una enérgico discurso ante la corporación municipal, que “el Ayuntamiento ponga las medidas necesarias para que ningún trabajador tenga que volver a ver cómo le tiran su casa”.
La sugerencia realizada por el portavoz municipal del Partido Andalucista, Antonio Prats, sobre la necesidad de realizar un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), estuvo presente en el debate que se abrió entre el representante vecinal y la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, quien se mostró conforme con la necesidad de llevar a cabo un nuevo PGOU, aunque precidó que es algo que deberá hacerse de manera “sosegada”.
DERRIBO VIVIENDA ILEGAL
La alcaldesa también entró en diálogo con los propietarios de la vivienda demolida, que se quejaron ante el Pleno de la “poca voluntad” del equipo de Gobierno para evitar el derribo. “No me puede recriminar nada, porque en este tema hemos estado con vosotros en todo. Me senté con el juex y le propuse cambiar el PGOU y se negó”, explicó Irene García, quien lamentó la situación vivida por la familia y señaló su desacuerdo con la decisión judicial “Los jueces podrían dedicarse a otros problemas que tiene Sanlúcar”.
Además, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento había propuesto a la familia conceder una vivienda social pero el hecho de que tuvieran registrada a su nombre otra casa, en la Barriada Andalucía, ha impedido que pudieran acceder a esta opción.
Sobre la existencia de más casas en la misma situación, desde el Consistorio señalaron que la GMU no ha sido requerida judicialmente para el derribo de ninguna otra vivienda ilegal en Sanlúcar, ya que en todo caso, estos procesos se dessarrollan entre afectado y juzgado y sólo acuden al Consistorio, cuando como en este caso, es necesario el auxilio judicial para cumplir la sentencia.
