La Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones ha celebrado los avances en los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja del cementerio hispalense de San Fernando, donde descansarían los restos de al menos 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del golpe de Estado de julio de 1936, una fosa que desde enero de 2020 está siendo excavada por la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias por encargo del Consistorio hispalense.
La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, María Luisa Hernández, nieta de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla fusilado por las tropas golpistas, ha manifestado a Europa Press que "por fin" las familias de las víctimas de la Guerra Civil y la represión dictatorial están "viendo que se hace realidad la reparación" de la memoria de estas personas.
"Por fin, gracias al Ayuntamiento, la Junta y el Estado, y gracias a la presión del movimiento memorialista y las familias", ha aseverado, rememorando el fusilamiento de su abuelo el 23 de agosto de 1936 y cómo en 2016 los familiares tuvieron conocimiento de la fosa común de Pico Reja como lugar de enterramiento de víctimas de la represión.
Eso sí, Hernández ha considerado "triste" que no haya sido hasta ahora, cuando la democracia haya "reparado a estas víctimas del genocidio franquista".
El pasado mes de julio de 2021, recordémoslo, el equipo de especialistas que dirige la excavación de la fosa de Pico Reja depositaba en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada 202 nuevas muestras óseas de restos humanos de dicha fosa, para su identificación a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados.
El cotejo genético
El traslado de estas muestras genéticas, que habría contado con la participación del antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román en nombre del equipo técnico encargado de las excavaciones, constituyó el segundo gran envío de muestras desde que en enero de 2020 comenzase la excavación, pues ese año ya fueron entregadas 160 muestras óseas al Departamento de Medicina Legal y Antropología Física de la Universidad de Granada.
El objetivo era que se realizase un siguiente envío de muestras a finales de ese año y mantener una periodicidad semestral. Los trabajos previos coordinados por el Ayuntamiento hispalense habían permitido previamente contar con en torno a 400 muestras genéticas de familiares para realizar la identificación genética.
Conforme vayan surgiendo correspondencias efectivas (o positivas) entre el ADN de los restos óseos del represaliado y la muestra biológica tomada al familiar, la administración competente trasladará el resultado de forma totalmente privada a la familia, abriéndose entonces otro procedimiento para la entrega del cuerpo en caso de identificación.
Casi 1.000 cuerpo con indicios de corresponder a víctimas
A fecha de 30 de abril de 2022, en esta fosa común habían sido localizados 1.095 restos de personas con evidentes indicios de haber sido represaliadas, mientras otras 2.229 personas estaban inhumadas en ataúdes, 1.547 en desconexión anatómica y había 165 restos aislados. Por tanto, son ya 5.036 cuerpos los localizados, de ellos 4.944 exhumados.
De acuerdo con los hallazgos durante las investigaciones, los enterramientos sin control con cuerpos arrojados sin ningún tipo de respeto y en unas posiciones inverosímiles en esta fosa continuaron después del año 1936, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Concretamente, se siguieron produciendo en los años 40 del pasado siglo usando esta misma fosa común y el mismo espacio
En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de al menos 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.
