Andalucía pide una línea de ayuda extraordinaria para paliar el impacto de la sequía

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha pedido al Ministerio una línea de ayudas extraordinaria para paliar impacto de sequía.

Crespo ha participado hoy, de forma telemática, en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde los consejeros de las distintas comunidades autónomas han abordado con el ministro asuntos como el impacto de la sequía, la inflación y los elevados costes de producción en las actividades del sector primario, Según ha informado la Consejerçia en una nota.

En el ámbito agrario, Crespo ha reclamado al Ministerio un nuevo paquete extraordinario de medidas encaminado a paliar los efectos de la sequía que están sufriendo los agricultores y ganaderos y ha apostado por activar ayudas con cargo a los nuevos fondos de la Política Agraria Común (PAC) que, “una vez estudiadas bien en España”, se planteen a la Unión Europea una línea extraordinaria de ayudas (‘medida 23’) dirigida, específicamente, “a paliar los efectos de la sequía en el campo de comunidades autónomas donde el sector está encontrando dificultades adicionales”.

“Sería una solución para toda España”, ha resaltado Carmen Crespo, quien ha recordado que en los últimos años se han activado líneas de ayudas financiadas por Europa (‘medida 21’ y ‘medida 22’) cuyas propuestas partieron igualmente desde Andalucía y de las que se beneficiaron todas las comunidades autónomas.

La consejera ha subrayado la necesidad adoptar nuevas medidas que se sumen a las actuaciones acordadas en marzo. A modo de ejemplo, se ha referido a que el Estado apruebe una bajada de impuestos, una reducción del IVA de los insumos o posibles bonificaciones relativas a energía y agua desalada.

Asimismo, Crespo ha afirmado que, “en este situación especialmente difícil, se tiene que poner en marcha la doble tarifa eléctrica para los regantes, que realmente lo necesitan”. Precisamente para respaldar a estos últimos profesionales del campo, la consejera ha pedido “la ayuda del Ministerio de Agricultura para dar respuesta a un grave problema que existe actualmente en el norte de la provincia de Almería, pendiente del trasvase del Tajo-Segura, al igual que Murcia y Valencia”.

Por otro lado, la responsable de Agricultura ha pedido “sensibilidad con la fruta de hueso”, cuya temprana y pequeña producción en Andalucía hace que “las limitaciones que se plantean no sean asumibles”; y ha solicitado que se tengan en consideración las alegaciones presentadas por esta Comunidad Autónoma a la prohibición de quemas agrícolas que contempla la Ley de Residuos. Al respecto, ha apuntado que es preciso “seguir batallando porque, si no, la situación de numerosas explotaciones será inviable”.

En su intervención en la reunión, Carmen Crespo también ha vuelto a solicitar al Estado que exija un aumento de los fondos Next Generation para obras hidráulicas que ayuden a paliar los efectos de la sequía en el campo. “Agricultura debe tener más fondos para el regadío sostenible”, ha aseverado Crespo, para quien “esta posibilidad está ahora encima de la mesa con la reprogramación de los Next Generation para dar respuesta a un tema fundamental de lucha contra la sequía como es el regadío sostenible”.

La responsable de Agua ha lamentado que la Confederación del Guadalquivir, que es competencia del Estado y ocupa gran parte del territorio andaluz, cuente únicamente con un decreto de sequía con medidas por 9,6 millones de euros que es “absolutamente insuficiente”, y ha apostado por un incremento de estos fondos para dar posibilidades al abastecimiento y el regadío en el entorno del Guadalquivir.

En cuanto a la pesca, Carmen Crespo se ha mostrado “muy preocupada por la situación en la que se encuentran los profesionales del arrastre” debido al veto impuesto por Europa a esta actividad en zonas protegidas del Atlántico, una medida que afecta en gran medida a las embarcaciones que faenan en el Golfo de Cádiz y en concreto, se estima que esta medida afecta a 600 tripulantes de 120 barcos andaluces.

La consejera ha lamentado que esta decisión unilateral de la Unión Europea se haya tomado “sin tener en cuenta los estudios actualizados del Golfo de Cádiz como ocurrió en el Mediterráneo”.