El juzgado contencioso-administrativo 6 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por vulnerar los derechos fundamentales del sindicato CGT al desalojar el local que tenían cedido en el Área Sanitaria del Hospital de la Merced de Osuna y, además, condena a la administración en costas.
La sentencia, fechada a principios de noviembre, estima parcialmente la demanda interpuesta por Francisco Espada, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), y la central sindical al considerar que sí que se vulneró su derecho fundamental contenido en el artículo 18.2, que considera que el domicilio es “inviolable” y que “ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.
La
demanda interpuesta por CGT se deriva del desalojo “por la fuerza del local cedido a la Sección Sindical” de CGT, argumentado por la dirección del centro en el hecho de que este sindicato no consiguió ningún representante en las últimas elecciones sindicales del Área Hospitalaria de Osuna. Espada no sólo cuestionaba este desalojo sino que a él le retiraran el correo corporativo que tiene todo trabajador del SAS y su tarjeta identificativa, aunque reconoce que tras las quejas le fueron repuestos estos derechos, no así la sede sindical.
El tribunal desestima la mayoría de las pretensiones del demandante pero sí condena al SAS por vulnerar un artículo fundamental al reconocer en su sentencia que el local “ha de tener la consideración de domicilio de la sección sindical y, en consecuencia, la actuación de desalojo del local, con la documentación que él custodiaba, realizada sin consentimiento del titular y sin autorización judicial, vulnera el artículo 18 de la Constitución Española”.
Para Espada, aunque sea el SAS el organismo condenado, responsabiliza al director económico-administrativo del Hospital, Castro Ortiz Montaño, “tras las denuncias presentadas y publicadas” contra él, al que considera “corrupto”, extremo que ha llevado incluso hasta la Fiscalía de Sevilla.
CGT acusa a Ortiz de cobrar nóminas complementarias que no le correspondía, ejercer un cargo intermedio que ni existe en el SAS, falsificar documentos para optar a las oposiciones y, por último, dividir “contratos para que parecieran contratos menores evitando así lo que le dicta la ley, consiguiendo que determinadas empresas se adjudiquen dichos contratos”.
La
Fiscalía de Sevilla ha pedido a CGT que “concrete” cuáles son los delitos o irregularidades a investigar en este caso, por lo que aún no se ha pronunciado sobre la apertura o no de diligencias de investigación. CGT no sólo dirigía su denuncia contra Castro Ortiz Montaño, sino que incluía a buena parte del organigrama del SAS e incluso al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Según Espada, “Juanma Moreno parece que es la única persona que puede destituir a Casto Ortiz Montaño como director económico administrativo, sobre todo por las declaraciones que realiza de forma constante sobre la corrupción”. Para el sindicalista, Ortiz “no sólo es corrupto, sino que además trata al personal y sobre todo a las mujeres de forma despectivas y autoritaria”, recordando que “a pesar del miedo” que existe, hay una plataforma compuesta por 250
profesionales del Área de Osuna que han denunciado esta situación.
