La no actualización de las tarifas del periodo 2021-22, la subida del IPC y el nuevo impuesto a vertederos son las dos causas principales que la dirección de Aborgase ha esgrimido ante el comité de empresa para justificar el Expediente de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE) que la compañía quiere aplicar en el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Montemarta-Cónica en Alcalá de Guadaíra, donde se llevan las basuras de la capital y de más de 40 municipios, unos “motivos económicos” que CCOO considera que “no están justificados”, por lo que le exige la retirada del expediente que afectaría a 20 trabajadores directamente y a 200 de manera indirecta.
“No se puede vincular una parte de tus ingresos a la totalidad de la actividad. Realmente no tiene problemas con la planta ni con la plantilla, sino con la administración”, explicaba a Viva el secretario provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Javier Rodríguez Navas, cuestionando que se pueda “paralizar” la actividad del centro de tratamiento de residuos cuando se seguirán llevando las basuras procedentes de la Mancomunidad de Los Alcores, en la que se incluye Sevilla capital, y las de la Mancomunidad del Guadalquivir, “poniendo en peligro” el tratamiento de residuos de más de un millón de habitantes.
Aborgase gestiona los residuos urbanos de la Mancomunidad de Municipios de Los Alcores en prórroga forzosa desde 2016 y la entidad se encuentra en estos momentos en proceso de redacción de los nuevos para la nueva concesión administrativa, tal y como le había requerido el Tribunal de Cuentas. No ha habido actualización de las tarifas, que se estima en un 10%, entre 40.000 y 60.000 euros, según CCOO, pero hay predisposición entre la Mancomunidad y la empresa para establecer un periodo transitorio “que eliminaría esa diferencia de tarifa”, explica Rodríguez, que rechaza esta causa como motivación del ERTE.
Sobre la subida del IPC, CCOO no entiende en qué le afecta a Aborgase para argumentarla como motivo económico y, sobre el impuesto a vertedero, entiende que deben ser los ayuntamientos los que abonen por no recuperar y, si no pagan por no tener redactadas y actualizadas sus ordenanzas, la empresa puede “pagar a los trabajadores y no pagar a Hacienda”, argumenta, aunque entiende que con ese tipo de deudas “no puede presentarse a licitaciones públicas”.
Para Rodríguez, la empresa está “usando la plantilla para presionar a la administración”, una actitud que consideran “cobarde” cuando “entre las partes hay sintonía” y, además, la empresa podrían incurrir en un incumplimiento de contrato con la administración, en este caso con la Mancomunidad, si se dejan de tratar y separar los residuos que llegan a Montemarta-Cónica.
A esto se le suma el posible delito ambiental que cometerían, ya que no se tratarían los residuos sólidos urbanos pero sí se eliminarían en vertedero, lo que incrementaría además el montante global que tendría que pagar por enterrar las basuras sin recuperar y que la empresa Rethinking calculó en su momento en 20 millones de euros a partir de los datos de recuperación de Aborgase en 2018.
CCOO rechaza que la empresa “coja como rehenes” a los trabajadores “para solucionar un problema con la administración”, advierten de que darán parte a la Inspección de Trabajo si se lleva a cabo el ERE y exige a Aborgase “un cambio de rumbo en la gestión del conflicto”.
