CCOO de Sevilla ha lamentado la "postura mantenida" por la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) respecto al Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, el Estatuto del Becario, acordado por CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo y presentado este jueves. El sindicato ha pedido a las dos universidades públicas sevillanas que "dejen de azuzar el miedo" entre el alumnado y "se sumen a la lucha contra la precariedad laboral de la juventud".
En una nota de prensa, el secretario de Juventud de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha lamentado que estas dos universidades "no tengan en cuenta los derechos de su alumnado, situándose frente a una norma que sólo busca garantizar lo que es justo: que las prácticas en empresas sean un periodo formativo y no trabajo a bajo coste". La US y la UPO han cifrado en 19.280 las prácticas "amenazadas" por el Estatuto del Becario.
Para Torres, el Estatuto del Becario "servirá para acabar con las situaciones fraudulentas que se esconden detrás de muchas prácticas curriculares y extracurriculares y que hacen que muchos jóvenes sean empleados lowcost cuando deberían estar en un periodo de formación". A juicio de CCOO de Sevilla, las prácticas en empresas son "un buen elemento para complementar la formación del alumnado, siempre y cuando sirvan para el fin para el que están concebidas y no sean un caladero de abusos cotidianos".
Entre los derechos que recoge el Estatuto se encuentran la compensación de gastos, la prevención de riesgos laborales; el establecimiento de descansos; permisos para ir al médico incluyendo la no repercusión en la evaluación en el caso de las prácticas curriculares; y la garantía de contar con una adecuada tutorización y formación por parte del centro de estudio y de la empresa. El acuerdo prevé la "presunción de laboralidad" en caso de fraude, lo que "prohíbe" la realización de tareas que no son formativas como la sustitución del personal en vacaciones o la realización de las tareas que hacen los trabajadores en plantilla.
Se incorpora tanto un régimen sancionador para prevenir y corregir los incumplimientos como una labor de vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que "garantiza su cumplimiento" y será "una de las prioridades del organismo". Así, el Estatuto define las prácticas para evitar fraudes y establece un régimen sancionador disuasorio con cantidades que oscilan entre 70 y 225.018 euros, según el tipo de fraude que se cometa.
Por otro lado, establece una limitación de la plantilla de becarios en un 20%. Por otra parte, también se evita que las prácticas se realicen en horarios nocturnos y se limita el desarrollo de actividades calificadas como peligrosas por la ley, garantizando la formación y los recursos preventivos en el caso de que sean imprescindibles hacerlas.
En este sentido, CCOO de Sevilla ha lamentado que, "como ya ocurrió con la Reforma Laboral, cuando se ponen en marcha normas que otorgan más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras las universidades se posicionen en contra con argumentos que ya se demostraron equivocados".
