La reapertura de la mina de Aznalcóllar cuenta con el rechazo rotundo de las principales asociaciones ecologistas de este país (Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra y SEO Birdlife) pero también de múltiples entidades cívicas y vecinales, que ven cómo el proyecto contempla verter en toda su vida extractiva 18.520 millones de litros de aguas tóxicas al estuario del Guadalquivir que afectará directamente a nuestra seguridad alimentaria, tanto a los arrozales como a los alevines que dan futuro al caladero de Cádiz, un extremo que, además, cuenta con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Éste último extremo es el que no entienden desde Ecologistas en Acción, sorprendidos por el hecho de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural haya respaldado el vertido propuesto por la compañía, “anteponiendo los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores”, según consta en el expediente de tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) “que todavía no ha culminado”, recuerdan.
Los ecologistas recuerdan que en el tramo en el que el tubo que incluye el proyecto para verter las aguas tóxicas se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales del Guadalquivir, lo que pondrá en peligro su seguridad alimentaria, y además es el área en el que se crían los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, “con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona, pondrá en riesgo la viabilidad de cientos de puestos de trabajos”, resaltan.
Para estas asociaciones, el vertido tóxico de 85.520 millones de litros amparado por el Dictamen Ambiental para 18 años y medio y que cuenta con el respaldo de la Consejería de Agricultura y Pesca, “envenenará todo el Estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad”.
Según los datos aportados en las alegaciones, a pesar del proceso de depuración que anuncian desde Minera Los Frailes, “la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales como Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg) Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes”.
Según el proyecto que cuenta con el aval de la Junta, la empresa plantea un vertido contaminante inicial al Guadalquivir de 17.520 millones de litros a completar en 18 meses, de los cuales 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de Los Frailes y 2.520 millones de litros, muy contaminados, proceden de la Corta de Aznalcóllar, en donde se almacenan los lodos tóxicos depositados allí desde la catástrofe ambiental de 1998. Posteriormente, en la documentación sometida a información pública se plantea un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 2.600 millones de litros anuales, durante los 17 años de operación de la nueva mina subterránea.
La empresa explica en su proyecto que ese vertido operacional se produce “después de una importante reutilización del vertido en su proceso industrial”, pero en el Dictamen Ambiental al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, aprobado por la autoridad ambiental de la Junta de Andalucía, “se incrementa el vertido tóxico operacional en más de un 50%, hasta los 4.000 millones de litros anuales, sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública”.
“Esta ocultación grave -por parte de la autoridad ambiental- del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir, justifican sobradamente la necesidad de que se produzca un nuevo trámite de información pública en donde toda la ciudadanía pueda conocer el contenido del Dictamen Ambiental, y exigir a la Junta de Andalucía que obligue a la empresa a una alternativa de reutilización completa del vertido en su proceso industrial, garantizando el vertido cero”, consideran los Ecologistas en sus alegaciones.
Los derechos se enjuiciarán en 2025
Otro aspecto clave en las alegaciones, es la propia autorización de la actividad extractiva, pues que se encuentra sub judice, es decir, los derechos de explotación tiene un juicio pendiente el próximo año y, si se confirmara que se concedieron al margen de la legislación o se ratifican los delitos que se les imputan, “dentro de dos años, todas las autorizaciones pueden ser ilegales”, recordaba con razón Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, que tiene claro que continuar todo este proceso, al que seguirán oponiéndose por la vía contencioso-administrativa, sin tener el cuenta este juicio es “una irresponsabilidad”.
La autorización del proyecto de explotación se está tramitando para Minera Los Frailes, filial española de Grupo México, a pesar del juicio oral que se va celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía acusadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental, recuerdan los ecologistas.
Allí se juzgará la “sospechosa adjudicación” de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de Minera Los Frailes y se juzgará el papel de los hermanos López Magdaleno a través de Magtel, socios minoritarios del proyecto y que actuaron “como conseguidores de esos derechos, y la propia Minera Los Frailes y Grupo México constan como posibles responsables civiles subsidiarios en ese juicio”. Para Ecologistas, “los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de todas las autorizaciones hasta que se celebre ese juicio oral en 2025”.
