La aseveración, compartida por todos, de que en Sevilla no cabe ni un piso turístico más, sigue sin verse traducida en un acuerdo político entre los grupos municipales para regularla tras un nuevo encuentro, infructuoso, entre el equipo de Gobierno y los grupos municipales, con nuevo cruce de acusaciones: el Gobierno local acusa a la oposición de continuar con la actitud de bloqueo y los grupos les acusan de no moverse de su propuesta inicial, aunque sí se han puesto encima de la mesa algunas medidas, especialmente la limitación alrededor del 2%, en lugar del 10%, de las viviendas de uso turístico (VUT) en zonas saturadas y que ese porcentaje no sea igual en toda la ciudad sino por zonas, además de reclamar, de nuevo, que se declare la moratoria.

Así, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido las nuevas propuestas “reales y efectivas” trasladadas a los grupos de oposición para limitar las licencias para viviendas turísticas, como es "la licitación del estudio de revisión de la limitación" que pedía la oposición y que, en paralelo, se active la limitación del 10% de su propuesta inicial que no es aceptada por la oposición.

"Se han vuelto a negar dejando la puerta abierta al desbordamiento de las viviendas turísticas", decía Bueno, acusando directamente a la oposición de ser "los verdaderos culpables del incremento" de VUT. Además, les avisaba de que el Gobierno local no va a "ceder ante las presiones arbitrarias y propuestas de inseguridad jurídica" de las que acusa a la oposición.

"El bloqueo de la oposición ha provocado que, desde que el pasado 20 de junio votasen en contra de la propuesta de limitación, la Junta de Andalucía haya concedido 185 licencias de viviendas de uso turístico en el Casco Antiguo y Triana, que suman 873 plazas", ha alertado.

"La moratoria total que piden es imposible porque no está contemplada en el Decreto de la Junta de Andalucía, que dice claramente que las VUT estarán sometidas a los requerimientos de la normativa turística, civil, mercantil y urbanística emanados de la Unión Europea, Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los entes locales en el marco de sus respectivas competencias", justificaba.

Según Bueno, las licencias “se conceden en aplicación de la normativa urbanística en estricto cumplimiento de las competencias municipales y el Ayuntamiento nunca ha dado licencia para que una vivienda funcione como vivienda con un fin turístico, eso es competencia de la Junta", ha matizado.

La oposición critica el inmovilismo

Por su parte, el concejal del PSOE Francisco Javier Páez, ha acusado al Gobierno local de estar instalado en el inmovilismo con sus propuestas para limitar los pisos turísticos, rechazando las acusaciones de arbitrariedad lanzadas por De la Rosa sobre sus peticiones de moratoria o limitaciones al 2,5% el lugar de al 10%.

Para Páez, esa “arbitrariedad” de la que habla el Gobierno de Sanz “no es ni más ni menos que el interés general de los ciudadanos”, que es en la que se justificaría esa limitación.

Por su parte, la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya, ha criticado en su cuenta de X (Twitter) que los relatos del Gobierno de Sanz "rayan en lo absurdo" tras la justificación de que se ha presentado la licitación de la revisión de los porcentajes de limitación de las viviendas turísticas.

"La oposición no tenemos que “darles permiso”. El nivel de excusa surrealista va subiendo conforme se acaban los argumentos para no limitar de una vez las VUT", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha rechazado la idea del Gobierno local de establecer su "límite arbitrario" a las viviendas turísticas y ha descartado, directamente, dar un "cheque en blanco" al alcalde.

"El gobierno de Sanz ha venido, esta vez, con un pliego que no hemos podido siquiera leer, donde proponen iniciar un estudio para la elaboración de un nuevo informe que estudie, otra vez, el 10% y, básicamente, que le demos un cheque en blanco en el pleno de septiembre", ha avisado.

"El Gobierno se enroca en su postura de no escuchar a la oposición y volvernos a decir que no es posible aplicar la moratoria, que no traemos propuestas y que aprobemos en el pleno de septiembre su propuesta de limitar al 10% a todos los barrios por igual. Esto no lo podemos aceptar"; ha insistido.

El problema, según ha avisado Peláez, radica en el decreto de la Junta de Andalucía, pues "no aclara y deja ambiguo qué grado de saturación es necesario para que las limitaciones tomadas por un ayuntamiento sean justificadas".

"No estamos de acuerdo en el 10% como límite para toda la ciudad por igual. Es un límite arbitrario y entendemos que hay que realizar un análisis más riguroso a fin de establecer límites muy distintos según la zona de la ciudad a la que nos refiramos", ha agregado, reclamando de nuevo una moratoria de las nuevas licencias.

Por último, la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha lamentado que el PP "sigue instalado en el inmovilismo y sigue defendiendo su propuesta del límite al 10%", que permitiría "23.615 nuevas licencias por toda la ciudad"; avisando de que "el camino más despejado para lograr el acuerdo municipal pasa por hacer caso a la mayoría, declarando una moratoria de todo tipo de alojamientos turísticos mediante un trámite de modificación del PGOU; o como mínimo limitando al 2% respecto al suelo residencial el número de pisos turísticos en cada barrio", una moratoria de facto a su entender.

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero nos encontramos a un PP que, al contrario de lo que ocurre en otras ciudades andaluzas, está claramente a favor de que la vivienda deje de ser un derecho para convertirse en un valor especulativo", ha dicho.