La acusación particular ha pedido cinco años de cárcel para un empresario sevillano que contrató a diez extranjeros "sin papeles" en "durísimas condiciones", con jornadas de once horas, presuntamente encerrados en una nave y sin protección frente al polvo de los residuos de chatarra que separaban.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, explica que los hechos fueron descubiertos el 29 de agosto de 2012, cuando la Inspección de Trabajo y la Brigada Provincial de Extranjería de Sevilla se personaron en un taller de chatarra situado en la autovía Sevilla-Málaga, en el término de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y descubrieron a doce personas que "eran obligadas a trabajar 11 horas al día sin descanso".
De los doce trabajadores, diez estaban en situación irregular en España, algo que el empresario "claramente conocía" y utilizaba para imponerles "durísimas condiciones de trabajo" como jornadas de once horas sin descanso, ausencia de contrato de trabajo y un salario de 20 o 30 euros al día, según la cantidad de chatarra que hubieran sido capaces de separar.
El acusado José Rafael B.L., de 52 años, no proporcionaba a los trabajadores las medidas de seguridad adecuadas, tales como guantes, botas o mascarillas, por lo que "todo el tiempo estaban inhalando el polvo de los residuos", dice el abogado Ricardo Guimoye, que ejerce la acusación en nombre de cuatro de los empleados, de nacionalidad paraguaya.
Durante la jornada laboral, que se prolongaba de 20 horas de la noche a 7 de la madrugada, las puertas de la empresa permanecían cerradas "de forma que los trabajadores no pudieran salir de las instalaciones, incluso en caso de accidente, hasta que el propietario abriese las puertas al llegar por la mañana", añade el abogado.
La acusación particular, por tanto, le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita cinco años de cárcel y multa de 12 meses con cuota diaria de 30 euros, lo que equivale a 10.950 euros.
Precisa que en el caso concurre la circunstancia agravante de "tenerlos encerrados, de trabajar por la noche con una jornada de once horas, realizar un trabajo muy duro y lesivo para la salud sin ninguna medida de seguridad y que esta situación se ha prolongado durante más de un año sin ningún descanso".
En el juicio que celebrará la Audiencia de Sevilla en los próximos meses, Guimoye solicitará además una indemnización de entre 10.0000 y 13.000 euros para los trabajadores, según su antigüedad en la compañía, por lo que en su escrito de calificación pide que la empresa Recuperaciones Ballesteros S.L. sea declarada responsable civil subsidiaria puesto que "directa o indirectamente se ha beneficiado" de la situación creada por el acusado.
En previsión de que la empresa sea objeto de "maquinaciones directas o indirectas" para entrar en concurso de acreedores o insolvencia, el escrito de acusación solicita que el juzgado embargue propiedades del acusado, su esposa o hijos, para garantizar el pago de los 45.000 euros a que asciende la petición de indemnizaciones.
