La Delegación municipal de Hacienda y Administración Pública contará a partir de ahora con una dirección general menos al aunar en una sola las áreas de Hacienda y de Recursos Humanos, una decisión que le ahorrará al Ayuntamiento unos 30.000 euros pero que en lugar de establecer como sueldo base los mínimos 70.000 de un funcionario, fija la retribución anual en cien mil euros.
El expediente de la Dirección General de Recursos Humanos, que basa la decisión de amortizar estos dos puestos directivos en uno en la nueva Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003), recoge la actual existencia de dos direcciones generales, cuyo coste anual actual es de 130.545,24 euros (60.000 la de Recursos Humanos y 70.000 la de Hacienda y Gestión de Presupuestos).
La jefa del Servicio de Recursos Humanos considera en su expediente que la creación de esta nueva Dirección, llamada de Hacienda y Recursos Humanos, englobaría a las anteriores áreas de trabajo y supondría un ahorro neto de 30.221,14 euros si quien ocupa el cargo es un funcionario de carrera y de 40.324,10, si el designado para el puesto no es funcionario de carrera.
Para establecer dicho ahorro, la jefa del Servicio se basa en el régimen retributivo de los órganos directivos de la Corporación hispalense, aprobado en mayo de 2008, que fija en 100.324,14 euros el sueldo anual bruto (con catorce pagas) de un directivo si es funcionario de carrera, y en 90.221,14 euros si no es funcionario de carrera.
A pesar del ahorro, llama la atención que los hasta ahora ocupantes de las direcciones generales unificadas cobraran entre 60.000 y 70.000 euros, cifra ostensiblemente más baja que el tope del régimen retributivo general, un ahorro que ahora no se traslada a la nueva dirección, que podría mantener el sueldo máximo de la de Hacienda, 70.324,10. Con esta regla, si se mantuviera este sueldo, el más alto, el ahorro ascendería a 60.221,14 euros, que se incrementaría hasta los 70.324,10 si éste último fuera el sueldo asignado al nuevo director general.
Este cambio, que no ha obtenido ninguna pega por parte de la Intervención, sí que obligará a una nueva modificación presupuestaria, ya que cada puesto amortizado estaba incluido en un programa diferente.
