El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado el proyecto presupuestario del año 2014 y destinar los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012, a una "amortización anticipada de deudas" en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El primer aspecto ha contado con el voto favorable del PSOE, el rechazo de PP e IU-CA y la abstención del PA, mientras el segundo ha contado con el apoyo del PSOE y el voto contrario de toda la oposición.
El presupuesto de la Diputación para 2014 contempla, por lo que a la Corporación provincial se refiere, 375.130.413 euros en concepto de ingresos y 27.656.000 euros en concepto de gastos, con 13.221.442 euros destinados exclusivamente al capítulo de personal. Hablamos, en concreto, de unos ingresos globales de la Diputación y sus organismos y sociedades satélite por valor de 423.153.553 euros, si bien la cifra definitiva del presupuesto total consolidado se reduce a 404.922.753 euros al ser restados unos 18,2 millones de euros correspondientes a la amortización programada de deudas.
La clave de estos presupuestos, de todos modos, reside en 50 millones de euros que la Diputación extrae de sus depósitos bancarios para que el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) refuerce su programa de anticipos reintegrables con destino a los ayuntamientos.
Así, los 404,92 millones de euros del presupuesto consolidado se organizan en 278,25 millones de euros en gastos no financieros, es decir inversiones, gastos corrientes y de personal; unos 18 millones para pagar deudas y 107,85 millones de euros que computarían como "gastos financieros" a efectos de la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Estos 107,85 millones de euros se distribuyen en 11,75 millones de euros para una nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) para los ayuntamientos; 46,1 millones de euros para un nuevo programa especial de "anticipos reintegrables a largo plazo" y a coste cero para inversiones y obligaciones y otros 50 millones de euros con los que contará el Opaef para continuar con su apoyo a los ayuntamientos con anticipos ordinarios.
EL PP PIDE RETIRARLO
Al comenzar el debate presupuestario, el diputado popular José Leocadio Ortega ha solicitado que el documento quedase "sobre la mesa" dadas las noticias de "última hora" sobre el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que estipula que el superávit de las administraciones debe ser destinado, textualmente, a "reducir el endeudamiento". Y es que el orden del día comprendía también una "amortización anticipada de deudas" para destinar a tal fin el remanente positivo de 39,3 millones de euros cosechado por la institución en 2012.
La Diputación reclamaba desde hace meses un mecanismo para reutilizar, más allá del 31 de diciembre del año en curso, los remanentes positivos cosechados durante 2012, que se elevan a unos 39,3 millones de euros. Según el PP, media ya "una nueva disposición" gracias a la cual las administraciones que gocen de superávit en la liquidación de sus presupuestos de 2012 podrán aplicar dicho remanente en 2014. En breve, según el PP, "va a llegar ese cambio legislativo", con lo que los populares proponían frenar el presupuesto para implementarlo con los citados 39,3 millones.
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,ha argumentado no obstante que la disposición aludida por el PP no está siquiera en vigor y que si finalmente se cumplen los augurios de los populares, no habrá problemas para promover una modificación presupuestaria. Así, con el voto contrario del Grupo socialista y la abstención de IU-CA y el PP, el pleno ha tumbado la petición del PP de retirar el proyecto presupuestario.
A la hora de analizar los presupuestos, el diputado andalucista Alberto Mercado ha considerado que se trata de un proyecto presupuestario "malo para sacar adelante la provincia, pero bueno si tenemos en cuenta los límites que nos pone el Gobierno central". Mercado, en ese sentido, ha aplaudido el "mantenimiento" de diversas partidas, pero ha lamentado la "desaparición de otras tantas".
LOS GRUPOS SE ENZARZAN
Manuel Rodríguez Guillén, por parte de IU-CA, ha puesto de relieve que el 75 por ciento de los ingresos de la institución "proceden de otras administraciones" y ha criticado aspectos como la "externalización" de servicios por valor de unos 13 millones de euros cuando "a veces hay personal ocioso". Además, ha reclamado información en cuanto al destino exacto y los criterios de distribución de los 46,1 millones de euros con los que el Opaef ofrecerá nuevos anticipos reintegrables a los ayuntamientos y ha lamentado "la bajada de todas las políticas sociales, salvo las de dependencia".
José Leocadio Ortega, por su parte, ha censurado también la caída de las aportaciones provinciales a aspectos como los servicios sociales comunitarios o la ayuda a domicilio. "Tenemos un excedente financiero de 107 millones de euros y bajan las partidas para políticas sociales", ha criticado vaticinando, además, que "la mayoría" de los ayuntamientos no podrá acogerse a los nuevos anticipos reintegrables al acumular ya numerosas devoluciones por consumar y tener "complicado o casi prohibido endeudarse más".
Manuel González Lora, diputado de Hacienda, ha defendido de su lado que el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria está plenamente "en vigor" y que nada es efectivo está que no está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), atribuyendo a la caída de las aportaciones estatales las bajadas presupuestarias criticadas por la oposición. González Lora, además, ha defendido los anticipos reintegrables como herramienta de respaldo a los municipios y diversos ahorros ante acusaciones como la consignación de 700.000 euros para publicidad.
Ha cerrado el debate el propio Villalobos, quien ha asegurado que el dinero inyectado al Opaef será repartido "proporcionalmente" entre los municipios y ha justificado la decisión del superávit de 2012 porque a estas alturas "es muy difícil creer" al Gobierno central del PP, comprometiéndose a una modificación presupuestaria si finalmente se formaliza la disposición mencionada por el PP.
