Llamada de socorro ante el posible cierre de Siderúrgica Sevillana. La entrada en vigor de la nueva reforma eléctrica acometida por el Gobierno central, con el incremento del precio de la electricidad y su consiguiente repercusión en los costes de producción, podría significar la pérdida de la viabilidad económica de esta empresa, que opera en el Puerto con una plantilla de 345 trabajadores (y 450 empleos indirectos), que en la actualidad acapara un tercio de la actividad portuaria y que el pasado ejercicio logró 2,5 millones de beneficios, según los datos de la Junta y del Puerto.
Ante este escenario marcado por la nueva regulación de la demanda energética de interrumpibilidad, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, y el delegado de Gobierno de la Junta, Francisco Javier Fernández, han exigido al Estado que “repense” las condiciones de esta orden para que sus consecuencias “no dañen a la industria sevillana”.
Y es que, según ha trasladado la plantilla de Siderúrgica Sevillana a la Autoridad Portuaria y a la Junta, instituciones que ayer mostraron su apoyo a la firma con una visita al puerto, con la reforma eléctrica se perdería el 90% de los descuentos que percibían por interrumpibilidad (un servicio que los grandes consumidores prestan a la red eléctrica, de la que se desconectan cuando más demanda de energía hay para garantizar su estabilidad) y que en el caso de Siderúrgica Sevillana se traduce en cerca de 7 millones de euros.
Para los trabajadores, con estos condicionantes se beneficia a otras empresas que compiten en los mismos mercados, ya que los beneficios fijos se anulan y se sustituyen por la fórmula de la subasta, que consideran discriminatoria y que reduciría sus ingresos de 7 u 8 millones de euros anuales a 650.000 euros.
“Es injusto que una empresa emblemática para la actividad del Puerto y para la economía de la provincia, a tenor del crecimiento de sus exportaciones (más de 5.000 toneladas de productos), esté siendo discriminada de esta manera”, señaló el presidente del Puerto de Sevilla, que avisó que de no solucionarse su problemática “podría acabar cerrando su actividad”.
De su lado, el delegado del Gobierno de la Junta señaló que espera que “las conversaciones entre la patronal de la siderurgia y el Gobierno lleguen a buen puerto” para que la reducción de los costes “no recaiga sólo sobre los trabajadores y el empleo, sino sobre otros factores que hagan a la empresa competitiva”.
Estado y dragado
Junto al futuro de la empresa Siderúrgica Sevillana, el delegado del Gobierno de la Junta, Francisco Javier Fernández, se refirió este lunes al proceso del dragado del Guadalquivir, del que reconoció que requiere “celeridad” por parte de las administraciones, aunque ahora, después de los informes realizados por la Junta, “el paso adelante lo debe dar el Estado”.
“La Junta ya dio su parecer al respecto del informe emitido por la Autoridad Portuaria y lo que busca es que el dragado cumpla todos los condicionantes ambientales que exige la normativa. Ahora es el turno de Medio Ambiente. La administración autonómica no puede emitir una opinión técnica de esta parte del dragado mientras el ministerio no se pronuncie sobre el conjunto general de la iniciativa”, señaló el delegado del Gobierno, que puntualizó: “Mientras el ministerio no dé ese paso hacia adelante, a nosotros no nos toca aún”.
