El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta 'Fundación DeSevilla', ha llamado a declarar como testigo este jueves al interventor del Ayuntamiento José Miguel Braojos.
En una providencia, consultada por Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas cita a declarar este jueves, a partir de las 9,00 horas, tanto al interventor municipal como a la persona que hizo el informe de la consultora 'Deloitte', contratada para auditar las cuentas de la entidad, que concluyó la existencia de "distintas irregularidades en la justificación de gastos" por parte de la fundación.
En esta causa permanecen imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato; el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán, y el exprimer teniente de alcalde y exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos.
Precisamente, Torrijos anunció su renuncia a su acta de concejal una vez finalizara el debate plenario del Consistorio sobre las ordenanzas fiscales y los presupuestos generales de 2014, ya que no deseaba que su condición de imputado pudiera ser instrumentalizada políticamente para atacar a la federación de izquierdas.
Este anuncio de Torrijos se produjo en la misma semana que compareció como imputado ante el juez, ante quien dijo "ignorar" el destino dado a los 742.500 euros abonados por el Ayuntamiento a la Fundación DeSevilla en relación al expediente 98/08 para distintos proyectos de cooperación internacional.
Torrijos, que reconoció que Deloitte puso en conocimiento de los patronos la existencia de un desequilibrio patrimonial en la fundación, cargó la posible responsabilidad sobre los otros dos imputados, cuya imputación inicial se produjo después de que la Guardia Civil emitiera un informe en el que advertía de que había detectado que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines.
"OBSERVACIÓN" DEL INTERVENTOR
En el expediente 98/08 "sí hubo una observación" por parte del interventor municipal, señaló Torrijos, quien aseveró que, como delegado de Relaciones Institucionales, "ostentaba el cargo y desarrollaba en él una actividad fundamentalmente política", por lo que "no estaba encima de la tramitación día a día de todos los expedientes y de todas las incidencias que hubiese en cada expediente", por lo que "existen muchos detalles que no recuerda o que no puede precisar bien, a pesar de que hubiese plasmado su firma en los expedientes".
Explicó que, en diciembre de 2009 y en relación con esta subvención, "se ingresa en la cuenta de la fundación 742.500 euros, que suponía el 75 por ciento de la cuantía objeto de la subvención", y precisó que en marzo de 2011 "se presenta una renuncia por parte de la fundación ante la delegación a la subvención" por motivos que "no recuerda", lo que fue llevado a la Junta de Gobierno, y posteriormente a la Intervención y a la fundación, dado que ya se había adelantado el 75 por ciento de la ayuda, mientras que de manera paralela "solicita que se declare concluso" el expediente de subvención, aunque ello no significa que "pretendiera ocultar, perdonar o evitar el pago de los 742.500 euros adelantados".
"En todo caso", reconoció que "ignora" el destino dada a esos 742.500 euros, pues "no tiene ni ha tenido nunca ningún conocimiento del desarrollo de los proyectos subvencionados ni del horno incinerador ni de ningún otro".
"A TORO PASADO"
Torrijos aseguró, no obstante, que "a pesar de que era conocedor de las dificultades financieras de la fundación a fecha 2008, firmó el convenio de subvención relativo al expediente 98/08 de más de 900.000 euros porque en aquellas fechas se tenía confianza en el buen fin de ese convenio", aunque reconoció que "otra cosa es lo que a fecha de hoy y a toro pasado hubiese hecho".
El juez imputó a Torrijos al considerar que "en el procedimiento que nos encontramos puede colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud" que la fundación "fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas".
Y todo ello, "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidos", añade el juez, que asegura que "en este contexto resulta clave y esencial" la figura de Torrijos "como delegado de Relaciones Institucionales", ya que "tiene una participación directa en la firma del convenio que sustenta el expediente 98/08".
En este sentido, asevera que esta "participación directa" tuvo lugar "hasta el acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna".
