El Juzgado de Instrucción número 13 ha sobreseído de manera provisional, las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia formulada por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), contra las personas que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por dicha sociedad municipal en el antiguo barrio de Regiones Devastadas, rebautizado como Nuevo Amate.
La decisión del Juzgado de Instrucción número 13, como ha explicado a Europa Press Luis Duarte, abogado de estas personas, surge después de que Emvisesa elevase un escrito a dicha instancia judicial apartándose de la causa y renunciando a la "acción penal ejercitada" en su denuncia. Las diligencias, en las que seis personas figuraban como imputadas por un presunto delito de usurpación, han quedado así archivadas, toda vez que previamente, estas personas se habían desligado de las acciones legales emprendidas por el grupo de juristas 27 de Marzo a cuenta de los rigores del cordón policial desplegado en torno al edificio ocupado.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
LA OCUPACIÓN DE NUEVO AMATE
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ejerció su derecho a habitar estas viviendas y optó por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que cosechó no pocas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones. Las familias abandonaron las viviendas después de que la denuncia de Emvisesa se tradujese en la imputación de seis de sus miembros por un presunto delito de usurpación con el correspondiente llamamiento judicial.
