La provincia de Sevilla aglutina casi la cuarta parte de las viviendas protegidas andaluzas propiedad de entidades financieras y que no estaban en los registros públicos de demandantes, y sobre las que la Junta abrió a inicios de abril expedientes sancionadores, procedimientos que en el caso de Sevilla ascienden a posibles sanciones por valor de 2,5 millones de euros.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han explicado a Europa Press que, en el caso de Sevilla a raíz de los procedimientos abiertos a nivel andaluz, la Junta de Andalucía ha abierto seis procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 43 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 2.580.000 euros.
El motivo de apertura de los expedientes es, como ocurre con todas las provincias, "no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda".
Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, "deben prestar una función social".
Las fuentes han indicado que las viviendas protegidas en Sevilla sin ofrecer a los registros, 43, "suponen casi la cuarta parte del total de Andalucía", de forma que Sevilla "es la provincia donde más casos de este tipo ha detectado la Consejería que dirige Elena Cortés".
La Junta ha recordado que los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Las viviendas, por entidades financieras son, en el caso de Building Center, 18, en concreto cinco en Sevilla, tres en Alcalá de Guadaíra, dos en Los Palacios, dos en Lebrija, una en Peñaflor, una en Dos Hermanas, una en Utrera, una en Écija, una en La Rinconada y una en La Lentejuela.
En el caso del Banco Popular, son 12 viviendas, en concreto, cuatro en Dos Hermanas, dos en Alcalá de Guadaíra, dos en Écija, una en Mairena del Aljarafe, una en Sevilla, una en La Rinconada y una en Villanueva del Ariscal).
En cuanto a la Unión de Créditos Inmobiliarios, en la provincia de Sevilla hay seis viviendas sin registrar, en concreto tres en Sevilla, una en Écija, una en Alcalá y una en Los Palacios.
En el Banco Santander, son tres viviendas afectadas, esto es, una en Alcalá de Guadaíra, una en Dos Hermanas y una en Mairena del Aljarafe, Por su parte, en Servihabitat hay dos viviendas sin registrar, una en Écija y otra en Gerena; mientras que BBVA posee dos viviendas protegidas sin registra, una en Sevilla y otra en Utrera.
Por municipios, hay diez viviendas afectadas en Sevilla; Alcalá de Guadaíra, con siete; Dos Hermanas, seis; Écija, cinco; Los Palacios, tres; Mairena del Aljarafe, dos; Lebrija, dos; La Rinconada, dos; Utrera, dos; Peñaflor, una; Gerena, una; La Lentejuela, una; y Villanueva del Ariscal, también una.
Las fuentes han recordado que estas 43 VPO no son las únicas sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería que dirige Elena Cortés ha logrado acreditar a partir de la información remitida por las propias entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda.
UN TOTAL DE 185 VIVIENDAS EN ANDALUCÍA
En total, se trata de 185 viviendas protegidas en Andalucía que no han sido ofrecidas a los registros municipales. Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Las posibles sanciones ascienden a 11,1 millones.
Las fuentes han recordado que "cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave". La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda, tal y como informó Elena Cortés en el Parlamento el pasado 3 de abril.
La Consejería ha recordado que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda "no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social".
De esta forma, ha añadido que los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.
