Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, ha asegurado que "jamás" durante su carrera profesional ha percibido retribuciones sin haber desempeñado su labor profesional, "como puede darse a entender al utilizar los conceptos 'trabajador fantasma' o 'intruso'", después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su imputación al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria.
Así se ha pronunciado González Mejías en un comunicado remitido a Europa Press un día después de la petición de la Fiscalía, que viene a tenor de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera en un informe que "debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva" en esta empresa pública de la Junta.
No obstante, el sobrino de Felipe González asegura que "en ningún momento" se le ha notificado "de manera oficial ni del informe de la unidad de Blanqueo de Capitales ni de la solicitud de imputación del Fiscal que se han publicado".
En este sentido, ha explicado que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007 tuvo contrato laboral indefinido con la sociedad Invercaria con la categoría profesional de Director de Promoción, si bien, durante ese periodo prestó sus servicios en el 'Observatorio de Empresas', ambos pertenecientes a la misma Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "algo perfectamente legal y de conocimiento público, tanto por haber aparecido en distintos medios de comunicación como por las relaciones que mantuve con multitud de empresas e instituciones, en el ejercicio normal de mis funciones", defiende.
A su juicio, "la plena legalidad de esta circunstancia quedó claramente reflejada por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la sociedad Invercaria del ejercicio 2007", y es que, este documento, según González Mejías, pone de manifiesto, sobre la existencia de un caso idéntico de un trabajador de Invercaria que igualmente prestaban sus servicios en el Observatorio de Empresas, que "la ubicación del lugar de trabajo de los mencionados trabajadores está en localizaciones de empresas asociadas, centros u organismos asociados a Invercaria, tales como el Observatorio de Empresas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la Fundación Andalucía Emprende".
Y añade que esta afirmación "fue ratificada por Auto del Tribunal de Cuentas de 17 de septiembre de 2013, que puso de manifiesto la inexistencia de responsabilidad de Invercaria durante el ejercicio 2009 por estos hechos".
Entretanto, el sobrino del expresidente del Gobierno insiste en que "jamás" ha percibido ningún anticipo de nómina Invercaria "por encima de lo establecido en el Convenio Colectivo de la empresa, ya que esta empresa carecía de dicho instrumento".
En este sentido, rememorando el informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del ejercicio 2009, señala que el punto 42 del mismo aclara "la inexistencia de este Convenio Colectivo" y establece que "la Sociedad no disponía en el ejercicio 2009 de normativa interna reguladora de la concesión de préstamos al personal, entendidos como anticipos reintegrables. En todo caso el límite de los préstamos ascendía a 30.000 euros".
"Es por ello que el anticipo reintegrable no fue superior al establecido en Convenio, ya que este ni en el 2007 ni en el 2009 existía", asevera González Mejías.
De la misma manera, en lo relativo a la existencia de dos directores de Promoción, incide en que el informe de la Policía Nacional "entiende que esta Dirección es un cargo directivo cuando a lo que se refiere al hacer referencia a director de Promoción es a una categoría profesional utilizada al objeto de criterios retributivos".
"Existían dos directores de promoción, al igual que existían varios directores de inversión o analistas, concepto igualmente utilizado no desde el punto de vista competencial sino retributivo", sostiene González Mejías.
Y también añade, en relación al informe policial sobre su declaración como testigo ante la Policía el 22 de enero de 2013, que en esa declaración "manifesté toda la verdad", señalando que su relación con Invercaria como ejecutivo "se produce durante el mes de marzo de 2010, ya que mi relación durante los años 2005 a 2007 fue de un contratado sin ninguna función gerencial o directiva, ya que prestaba mis servicios en otro centro directivo de la misma Consejería, como ha sido puesto de manifiesto en multitud de ocasiones por los medios de comunicación".
Finalmente, y en relación a la cuantía recibida por la liquidación de su contrato, González Mejías señala que "estos conceptos se ajustan a la más absoluta legalidad, están totalmente declarados ante la Hacienda Pública y que en ningún caso percibí cantidades superiores a las que me correspondían", ha zanjado.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La petición de la Fiscalía Anticorrupción para su imputación viene después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera en un informe que "debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva" en esta empresa pública de la Junta.
En este sentido, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que solicita la imputación del sobrino de Felipe González, una petición sobre la que el juez Juan Gutiérrez Casillas todavía no se ha pronunciado.
En este informe, la Policía Nacional analiza el pago de indemnizaciones y finiquitos recibido por 13 personas tras la extinción de su relación laboral en Invercaria, entre ellas las de los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Juan María González, del exresponsable de Promoción Cristóbal Cantos o las de Óscar Fernández, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).
