La juez Mercedes Alaya ha citado el 8 de enero de 2015 para que declare como imputado al representante legal de la empresa Fitonovo, a la que acusa de formar una "organización criminal jerarquizada" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez imputa al representante legal de Fitonovo los presuntos delitos de corrupción entre particulares, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, blanqueo de capitales, un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la Seguridad Social.
En el mismo auto en el que la juez pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la competencia del caso, la instructora cita al representante de la empresa "en virtud de los hechos ya imputados" a su administrador, José Antonio González Baro.
La juez también libra mandamiento al Cabildo de Lanzarote para que facilite un expediente de jardinería y limpieza por importe de 174.150 euros adjudicado a Fitonovo y otro expediente por 236.088 euros.
Además, solicita a la Guardia Civil que localice el expediente relativo a las tres empresas de conservación de Canarias por el que presuntamente habrían abonado comisiones al funcionario José Ulises Pérez González y que se investigue la relación entre la empresa Labiker y José María Maya Cáceres.
La juez libra oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que recabe el expediente de podas en la A-92 en las medianas de las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba de la Junta de Andalucía y otro sobre la red de saneamiento del Parque de María Luisa de Sevilla.
A la Junta de Extremadura le pide que facilite un contrato de desbroce por 40.750 euros en el que haya intervenido el jefe de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez y otros para la zona de Plasencia y Zafra del año 2013 por 50.000 euros cada uno.
También pide que se deduzca testimonio de particulares relativos a las posibles comisiones ilegales abonadas al jefe de Carreteras extremeño por adjudicaciones fraudulentas.
Otra de las peticiones a la UCO incluye las contrataciones de Fitonovo desde 2010 en las que se haya visto beneficiado por la influencia de Manuel Martínez Ocón.
Alaya solicita que se deduzcan testimonio de los particulares relativos a la actuación de los representantes legales de las entidades Aldilop Limpieza Lorca y Bremacons por presunto delito de maquinación para alterar un concurso público con un posible concierto de las dos con Fitonovo en dos lotes de un macrocontrato del Ayuntamiento de Sevilla por valor de 48 millones de euros.
En su resolución, la juez señala que la documentación sea entregada en presencia de agentes de la UCO, a los que faculta para cualquier ampliación o aclaración de la documentación sin necesidad de emitir un nuevo mandamiento.
